MARINA SILVA: En legítima defensa

Inicio mi participación en este espacio con un inmenso sentido de responsabilidad. Tengo la oportunidad diferenciada de utilizar uno de los activos culturales más preciados: la exposición de ideas, base para el diálogo. Me gustaría compartirla con los lectores y, juntos, pensar el Brasil y reunir fuerzas para ayudar a transformarlo.

Para empezar la conversación, hago referencia a una barrera para el crecimiento del país: la ambigua actitud del Estado ante nuestro patrimonio natural único.

El Estado brasileño ha establecido medidas de protección del medio ambiente, a menudo en situaciones difíciles. Esta acumulación llegó hoy al umbral estratégico de inserción de la variable ambiental en el corazón del proceso de desarrollo. La sociedad entiende ese momento, apoya, exige. Frente a ello, el Estado no puede encogerse ante el punto al cual él mismo llegó.

Los movimientos retrógrados, con nostalgia del momento de la tierra sin ley, hacen presiones y reciben amagos de posibles flexibilizaciones. Pero la sociedad bloquea y restringe esos acuerdos. La Amazonía es el mayor ejemplo. La opinión pública mantiene el debate, y banca la lucha contra la deforestación, apoya el mantenimiento de la ley para el licenciamiento y para la no relajación de la legislación ambiental.

Lo cierto es que el Estado, en todos sus niveles, no logra utilizar el gran capital político a su disposición para acompañar el pique de la sociedad. Ella creció, pasó a percibir sus problemas de manera más compleja. El Estado creció, pero no maduró.

Hay ahora un importante debate que lo resume todo: hace falta dinero para implementar las medidas y las normas creadas, sin embargo la evaluación ambiental del Presupuesto que se está debatiendo en el Congreso fue entregada a la bancada ruralista, cuya oposición a las medidas para combatir la deforestación es conocida. Tal vez haya habido una negociación para garantizar a los aliados la verificación de las agendas de aceleración del crecimiento. Y el medio ambiente no parece haber tenido la misma prioridad.

Gran parte del Estado todavía ve en la política medioambiental un mal necesario. Se habla de conciliar desarrollo y medio ambiente, como si fueran adversarios a reconciliarse. Brasil no tiene que compatibilizar, tiene que buscar un crecimiento económico cuya concepción ya contenga la conservación ambiental. Que no vea las áreas preservadas como partes "retiradas de la producción” y, sí, como partes imprescindibles para la producción equilibrada y con alguna noción de bien público. ¿Es esto posible? Si no lo fuese, para un país que todavía posee el 60% de su territorio con bosques, entonces es el momento de aumentar, en legítima defensa, nuestro estado de alerta.

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