En un municipio donde se prohíbe la explotación minera la Nación promueve la extracción de uranio

La radiación sería la triste dueña de los majestuosos Valles Calchaquíes salteños. (Foto Pro-Eco)

Mientras en la localidad salteña de San Carlos rige hace más de un año una ordenanza que impide explotaciones mineras, ambientalistas denuncian que la Comisión Nacional de Energía Atómica se apresta a reabrir una abandonada mina de uranio en pleno Valles Calchaquíes. Exhortan al intendente local a que haga cumplir la norma vigente. Un pueblo de mineros en delicado estado de salud, ejemplo del posible desastre ecológico y sanitario que se podría causar en la región.

Mientras en el municipio salteño de San Carlos rige desde principios de 2007 una ordenanza que prohíbe las explotaciones mineras, paradójicamente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encuentra presta a iniciar la reexplotación de la mina de uranio Don Otto (en el sitio denominado El Tonco, en los Valles Calchaquíes de la vecina provincia). En sí, más allá de la aparente violación a una normativa dispuesta por esta población, el malestar y temor en la región se sustenta ante la posibilidad de una nueva presencia de altas concentraciones de radioactividad en la zona.

Ante esta situación, durante la semana pasada, un grupo de referentes tucumanos de la Asamblea Socio-Ambiental del NOA (Asanoa) estuvieron en San Carlos para avanzar en cuanto al proceso de resistencia y concientización de las agrupaciones vecinales locales.

La tarea, encarada principalmente por integrantes de la ONG Pro-Eco (forma parte de Asanoa Tucumán) se centralizó en el fortalecimiento de la asamblea ambiental de esa localidad y en charlas de concientización en la población sobre las implicancias sanitarias y ecológicas que causará la reapertura del emprendimiento minero.

En forma paralela, se redactó un pedido de informes al intendente Roberto Vázquez (sería presentado hoy) en el que se le reclama el cumplimiento de la mencionada ordenanza (Nº 04/07)a la que tuvo acceso primerafuente que, entre otros aspectos, establece en su artículo 41 que “las autoridades proveerán (…) a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.”

Incluso, la norma también exige la realización de una audiencia pública ante la intención de cualquier explotación minera en la zona, aspecto que tampoco fue respetado.

“La ordenanza no sólo impide el desarrollo minero si no que obliga a la remediación del daño que causó la extracción de uranio en Don Otto”, aclaró a primerafuente Myrian Genisans, de Pro-Eco.

Lo que dejó Don Otto

Durante y tras finalizar su explotación (funcionó de 1964 a 1982), las consecuencias en la salud de la población, a causa de la radioactividad de la mina de uranio, aún hoy se hacen sentir.

Según denunciaron ambientalistas, hasta el día de hoy proliferan casos de enfermedades respiratorias y tumores entre los integrantes de las 19 familias de mineros del pueblo de Amblado, cercano a Don Otto.

Sin embargo, no sólo quienes tuvieron contacto directo con la explotación hoy pagan el precio de ese daño a la naturaleza. En poblaciones de toda la zona, Cafayate, San Carlos, Cachi, entre otras, prevalecen casos de patologías que habrían sido causadas por el emprendimiento minero.

La mina nuclear Don Otto fue abandonada por la CNEA en 1982 (funcionó desde 1964) dejando 500 mil toneladas de residuos radiactivos a la intemperie y remediación alguna, según las denuncias de los ecologistas. Se estima que del yacimiento se extraerán unas 30 toneladas de uranio por año.

Según se explicó, la minería de uranio podría generar residuos radiactivos de baja actividad que deben ser gestionados en forma segura ya que representan un riesgo radiológico por 50 años, pese a que los ambientalistas advirtieron que el gas radón libera radionucleidos por miles de años.

Ahora, ya comenzaron los trabajos para la reapertura del yacimiento (ya se habrían instalado hasta las casetas para los obreros) por parte del Gobierno nacional a través de la CNEA en sociedad con mineras extranjeras.

5 agosto 2008