febrero 25, 2007

ARGENTINA: MILITARIZACIÓN DE LA NATURALEZA

LA NACION - Domingo 25 de febrero de 2007

Drástico cambio en las FF.AA.: nuevas hipótesis de amenazas hasta 2025

Preparan al Ejército para

defender recursos naturales



En un giro doctrinario, se alistará para la protección de las reservas de agua dulce

“La guerra por los recursos” es el nombre oficial de la nueva doctrina militar. Un conflicto por el agua dulce es la mayor –y posible– amenaza que el Ejército visualiza para la Argentina en las próximas décadas. Por eso cambió este año sus normas de combate, mediante un trabajo teórico que proyectó las posibles amenazas hasta el año 2025.

En esa labor doctrinaria, que ya destacaron públicamente tanto la ministra de Defensa, Nilda Garré, como el presidente Néstor Kirchner, se afirma que “la posibilidad de conflicto con otros Estados por la posesión de recursos naturales es altamente probable”.

En la práctica, la modificación de los planes militares implicará el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores, en un período de tres años.

La reorganización establece la idea de que la defensa de los recursos naturales deberá hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego. Ante la eventualidad de tener que enfrentar a una potencia, se prevén respuestas defensivas que, en teoría, incluyen hasta la guerra de guerrillas para hostigar a la fuerza invasora.

Importantes fuentes militares comentaron que efectivamente se puso en marcha el Plan Ejército Argentino 2025. Y que el primer paso fue el traslado del comando del II Cuerpo desde Rosario a Curuzú Cuatía. Los mandos del V Cuerpo pasarán desde Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia el año próximo, y en 2009 el III Cuerpo abandonará su sede en Córdoba para instalarse en San Luis.

"Es una doctrina nueva ideada por nosotros, que no es una copia de doctrinas de otros países como antes", explicó un general.

En el trabajo se recomienda que la Argentina "deberá desarrollar organizaciones militares con capacidad para defender a la Nación de un enemigo convencional superior. Para ello deben prepararse los elementos para hacer frente a operaciones dinámicas, sin frentes, sin tiempo suficiente de preaviso, con organizaciones de pequeña magnitud, con apoyo territorial preparado de antemano y capaces de organizar los recursos humanos y materiales locales en función del conflicto".

Durante muchos años se debatió en el país para qué están las Fuerzas Armadas. Se afirmó entonces que el período de paz regional, a partir de la fuerte interrelación económico-social con los vecinos, dejaba sin funciones a las tropas. Pues bien, dentro del Ejército también se pensó la función de esa fuerza proyectada al año 2025 y los mandos castrenses encontraron las posibles amenazas sobre recursos naturales y diseñaron la respuesta. Uno de los más importantes generales reseñó el pensamiento: "Ese será el tipo de conflicto que podemos tener".

El eje de los estudios del Ejército está colocado en la reserva de agua dulce subterránea conocida como Acuífero Guaraní, que abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la Mesopotamia argentina, más de 800.000 kilómetros cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay y Paraguay. En la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la mayor posibilidad de que el país entre en un conflicto bélico.

Y no se trata de una referencia dicha al paso, sino de un plan de batalla posible en un escenario de invasión que será el eje de todos los ejercicios del Ejército en los próximos años.

Si bien el proyecto sobre 2025 lleva varios años en estudio, las circunstancias políticas habilitaron su puesta en marcha. El año último fueron múltiples las reformas que empezaron a diseñarse sobre la estructura militar desde las autoridades políticas. LA NACION adelantó cada uno de esos planes, que incluyen reorganizaciones de unidades de las tres fuerzas, nuevas estructuras de comando apoyadas en el Estado Mayor Conjunto y directivas militares diferentes, dictadas por el presidente Kirchner. En ese ambiente de cambios, el Ejército tuvo espacio para promover su propia reforma.

La doctrina de guerra por los recursos tiene su base en la posición estratégica defensiva que impuso el Gobierno como directiva militar. La Casa Rosada estableció así la idea central; en el Edificio Libertador se ideó la forma de materializar ese concepto. Y, además de las maniobras militares tradicionales, la doctrina puesta en marcha dependerá de la actitud de la población civil.

"Será necesario prever durante la paz todos los aspectos relativos a la coordinación e integración entre fuerzas militares y la población local para oponerse al enemigo con mayor eficacia", es la referencia que puede encontrarse en el nuevo pensamiento militar.

Sin reservistas

La Argentina no cuenta hoy con reservistas civiles que puedan operar combinados con tropas militares. Desde el gobierno de Fernando de la Rúa, las diferentes gestiones del Ministerio de Defensa intentaron promover una ley sobre movilización y reservas sin tener suerte en el Congreso.

La doctrina encarada tiene una línea vital tendida hacia la acción de resistencia de grupos organizados de la población. Hasta tal punto que se define: "El enemigo deberá tener clara conciencia de que la conquista, ocupación y mantenimiento de objetivos con núcleos poblacionales importantes requerirán un gran esfuerzo en tropas. De tal manera se obtendrá un efecto preventivo". Por eso se menciona "la organización de la resistencia civil".

Con enseñanzas tomadas de los conflictos internacionales de los últimos años, la doctrina del Ejército establecerá que "el control del territorio nacional constituirá una limitación importante para un agresor que ofensivamente necesita concentrar sus fuerzas para obtener y mantener sus objetivos estratégicos. Pese a su superioridad, el enemigo también será sumamente escaso para controlar la inmensidad del territorio; en esos conceptos está la posibilidad real de disputarle el dominio efectivo de amplios espacios".

La nueva doctrina del Ejército se puso en marcha.

febrero 18, 2007

CELEBRACION ANTINUCLEAR


DESARME-AMÉRICA LATINA :
CELEBRACIÓN ANTINUCLEAR

Por Diego Cevallos


MÉXICO (IPS) América Latina y el Caribe celebraron el 14 de febrero el 40 aniversario de un pacto que libró a la región de armas nucleares y la catapultó como activista del desarme mundial.


El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como Tratado de Tlatelolco, fue el primero en su tipo y ejemplo que animó a otras regiones a crear instrumentos similares.

Sin embargo, el organismo encargado de administrarlo agoniza por problemas económicos.

Los 40 años del Tratado de Tlatelolco se celebraron con una ceremonia y un seminario académico en la sede de la cancillería mexicana.

Tlatelolco es la zona de la capital mexicana donde se encontraba la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 14 de febrero de 1967, cuando se firmó el instrumento.

México fue su principal impulsor luego de la peligrosa "crisis de los misiles" de 1962, cuando Estados Unidos y la entonces Unión Soviética estuvieron cerca de un enfrentamiento a raíz del despliegue de proyectiles soviéticos en territorio cubano.

Todos los países de la región han firmado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe desarrollar e instalar cualquier tipo de armamento nuclear en la zona. Argentina y Cuba mantuvieron por varios años su renuencia a adoptarlo. Buenos Aires lo ratificó en 1994, mientras La Habana lo firmó en 1995 y lo ratificó en 2002.

El cumplimiento del Tratado recayó en el Organismo para la Prescripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal), que consiguió de las grandes potencias atómicas --Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China-- su adhesión a Tlatelolco con un anexo que las compromete a no emplear ese armamento en esta parte del mundo.

Además, Opanal asesoró e impulsó a la creación de otras zonas libres de armas nucleares.

Hoy 109 países se encuentran en esas zonas que adoptaron instrumentos similares: América Latina y el Caribe, el Pacífico Sur (Tratado de Raratonga, 1986), el Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok, 1997), África (Tratado de Pelindaba, 1996), así como cinco naciones de Asia central que firmaron un acuerdo en septiembre de 2006 en Semipalatinsk.

Para impulsar el desarme global, los países se han comprometido en varias ocasiones a fortalecer el Opanal, cuya sede está en México.

Pero no han cumplido. Según informes internos, el Opanal sufre graves problemas financieros y podría pronto cerrar sus puertas, pues muchos miembros no cumplen con el pago de sus contribuciones al organismo, cuyo presupuesto anual es de unos 300.000 dólares.

El preámbulo del Tratado de Tlatelolco indica que las zonas militarmente desnuclearizadas "no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y completo" del mundo.

El 13 de febrero, en la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas que se celebra en Ginebra hasta fines de este mes, delegados latinoamericanos señalaron que "la sola existencia de las armas nucleares representa una amenaza para la seguridad de la humanidad" y pidieron su total eliminación como "la única garantía absoluta en contra de su uso o amenaza de uso".

La declaración, firmada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú y Venezuela, indica que las zonas libres de armas nucleares "cumplen una importante función en el fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear y contribuyen a la causa del desarme".

"El Tratado de Tlatelolco fue pionero y luz de otros instrumentos, pero lo más importante es que libró a la región de muchos dolores de cabeza, conflictos y gastos vinculados a las pretensiones de tener armas nucleares", dijo a IPS el abogado en derecho internacional y profesor universitario, Santiago Vélez.

La organización ambientalista Greenpeace felicitó a la región por sostener el compromiso antinuclear y sugirió a los países dar otro paso: frenar el uso de la energía atómica para producir electricidad. Preocupa a los ecologistas el peligro de accidentes, la acumulación de desechos muy tóxicos y la poca transparencia que suele rodear a esa actividad.

Sin embargo, los planes de Argentina, Brasil y México, únicos que utilizan esa fuente de energía en la región, indican poco eco a esa preocupación.

Los adherentes al Tratado de Tlatelolco han reafirmado su "derecho inalienable" a investigar y desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos.

Brasil, uno de los nueve países del mundo que enriquecen uranio --insumo esencial de la energía nuclear--, se propone instalar un tercer reactor, mientras Argentina y México buscan pasar de dos a cuatro.

Con esos planes, la proporción de electricidad generada en reactores nucleares, que hoy no supera 3,5 por ciento del total regional, podría más que duplicarse en una década. (FIN)