julio 30, 2009

AMBIENTE: Un maíz con ocho genes ajenos

Por Stephen Leahy


BERLÍN, 29 jul (IPS) - El uso de la variedad más compleja de maíz transgénico fue aprobado en Canadá y Estados Unidos sin investigar sus potenciales riesgos para la salud y el ambiente, alertaron activistas.

Ni los funcionarios de salud de Estados Unidos ni los de Canadá han evaluado la seguridad del nuevo maíz genéticamente modificado SmartStax, resultado de una colaboración entre las empresas Monsanto y Dow AgroSciences, señaló la Red Canadiense de Acción Biotecnológica (CBAN, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Ottawa.

Dow AgroSciences es una subsidiaria de The Dow Chemical Company.

En el ADN (ácido desoxirribonucleico) de este maíz se introdujeron ocho nuevos genes, agregó.

Health Canada, el departamento (ministerio) canadiense de salud "ni siquiera autorizó oficialmente su liberación en el sistema alimentario", dijo a IPS Lucy Sharratt, coordinadora de la CBAN.

"Se están ignorando los cuestionamientos sobre los riesgos", añadió.

Según Sharratt, los reguladores canadienses no realizaron las evaluaciones correspondientes simplemente porque las ocho nuevas características introducidas fueron aprobadas antes de modo individual. Aunque ésta es la primera vez que una variedad de maíz las combina todas, las autoridades le confirieron una suerte de pase libre.

"Esto constituye una falta crucial de comprensión de la biología y la complejidad de la biotecnología", dijo Sharratt. Y también revela una falla clave en el sistema regulatorio canadiense.

"Health Canada ha abdicado de su responsabilidad y ha hecho caso omiso de los potenciales riesgos sanitarios de ingerir en un solo maíz ocho alteraciones genéticas", sostuvo.

SmartStax combina por primera vez genes para tolerar herbicidas (glufosinato y glifosato), y resistentes a insectos en una sola variedad de semillas. Esto permite el más amplio control de insectos y malezas, según un comunicado de prensa de Monsanto.

"Éste es un paso clave y temprano para ayudar a los agricultores a duplicar sus rendimientos de modo sostenible para 2030, a fin de satisfacer la creciente demanda de granos para alimentos y combustible", dijo Robb Fraley, jefe de tecnología y vicepresidente ejecutivo de Monsanto.

El lanzamiento del producto el año próximo "representará la mayor introducción de una semilla biotecnológica de maíz en la historia de la agricultura", argumentó la compañía.

En 2010 podrían plantarse hasta 1,6 millones de hectáreas con semillas SmartStax en Canadá y Estados Unidos.

La CBAN dijo que Canadá debe retirar inmediatamente la autorización de la semana pasada para la venta de la nueva semilla transgénica, porque la evaluación de seguridad de los cultivos con múltiples características genéticas introducidas forma parte de las normas del Codex Alimentarius, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Combinar muchos atributos transgénicos a la vez puede conducir a efectos no buscados y perjudiciales para la salud, por ejemplo creando nuevas alergias o toxinas, o exacerbando alergias existentes", dijo el experto Michael Hansen, de Consumers Union, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos.

"Este cultivo transgénico debería haber pasado por una nueva evaluación de seguridad, tal como recomienda el Codex", dijo Hansen en una entrevista.

Sin embargo, las regulaciones estadounidenses no requieren ninguna evaluación en materia de salud y seguridad porque los cultivos genéticamente modificados se consideran del mismo modo que los comunes, aunque se combinen genes nuevos, explicó.

"La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ni siquiera le echó una mirada a SmartStax", destacó Hansen.

En Estados Unidos, cualquier estudio sobre seguridad y nutrición hecho por Monsanto y Dow no tiene por qué hacerse público ni mostrarse a los reguladores, a quienes apenas les corresponde ver un resumen. Además, no pueden realizarse estudios independientes sin permiso de las compañías.

"Es ilegal que un agricultor dé semillas a los investigadores sin permiso de las empresas", dijo Hansen.

En mayo, la Academia Estadounidense de Medicina Ambiental (AAEM, por sus siglas en inglés) reclamó una moratoria inmediata a este tipo de productos.

El documento de la AAEM concluyó que existe "más que una asociación casual entre los alimentos genéticamente modificados y los efectos adversos en la salud", y que "los alimentos transgénicos plantean un serio riesgo sanitario en las áreas de toxicología, alergias y función inmunológica, salud reproductiva y salud metabólica, fisiológica y genética".

"Múltiples estudios en animales han mostrado que los alimentos transgénicos causan daños a varios sistemas de órganos en el cuerpo. Con esta evidencia creciente, es imperativo adoptar una suspensión de la distribución de alimentos genéticamente modificados, por la seguridad de la salud de nuestros pacientes y del público", dijo Amy Dean, integrante de la directiva de la AAEM.

Además, según las normas internacionales de intercambio, sin una nueva evaluación de seguridad para este maíz transgénico otros países pueden rechazar la variedad SmartStax sin infringir las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señaló Hansen a IPS.

Tampoco parece que las autoridades canadienses hayan evaluado el riesgo ambiental. "Esto confirma que el maíz pasó por encima de los procesos existentes de evaluación científica que ya habían sido juzgados como insuficientes por el Panel (de Expertos) de la Sociedad Real de Canadá en 2001", dijo Sharratt. Se refería al panel de científicos constituido por dicha Sociedad para evaluar la regulación y la seguridad de los nuevos productos transgénicos. Se trató de la primera evaluación independiente realizada en este país.

Cinco años después de que los cultivos y alimentos transgénicos aparecieran en el mercado de Canadá, ese informe de 2001 asestó un duro golpe a las autoridades sanitarias y de la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria, que permitieron cultivar variedades genéticamente modificadas.

Poco cambió desde entonces, y la Agencia no pudo explicar su decisión de no pedir evaluaciones del riesgo ambiental para SmartStax, dijo Sharratt.

"Este escándalo expone el más profundo y peligroso descuido de Health Canada ante los riesgos de los alimentos transgénicos", concluyó. (FIN/2009)

julio 18, 2009

MINERÍA-ARGENTINA: Universidades en zona de riesgo ético

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, jul (IPS) - Una organización no gubernamental de Argentina advierte que un consorcio minero, cuestionado por operaciones contaminantes, reparte utilidades millonarias con universidades públicas desde hace dos años, con lo cual se amenazaría así la independencia de sus eventuales informes técnicos.

El alerta fue disparado por el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, a raíz del reparto de beneficios por más de 86 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) que hizo Minera Alumbrera Limitada en 2008 y este año entre 40 universidades de distintas provincias, por un compromiso legal.

La documentación obtenida por Montenegro muestra la distribución proporcional hecha por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las casas de altos estudios públicas de Argentina, sin que la información se difunda ni los detalles y destino de los fondos.

Montenegro, profesor de biología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la central ciudad homónima, pidió a esa casa de estudio rechazar su cuota de esos fondos, crear una comisión que investigue cómo se aceptaron, y pedir en forma "urgente" el rechazo del dinero por parte de las demás universidades.

A raíz de su advertencia, la Facultad de Psicología de la UNC fue la única que se pronunció por el rechazo y, tal como recomendó Montenegro, pidió a la UNC investigar los hechos. La universidad cordobesa, la más antigua del país, se comprometió a estudiar más a fondo el tema y pronunciarse en agosto.

Este académico y dirigente ambientalista, ganador del premio Nobel Alternativo 2004 por su desempeño, dijo a IPS que esos aportes "condicionan la necesaria independencia de las universidades a la hora de elaborar dictámenes técnicos". Además, advirtió, la firma que distribuye los beneficios "tiene serios cuestionamientos por contaminación".

"Aceptar o no los fondos no es un tema técnico, es político. La universidad debe decir que no, porque lo contrario es violar normas éticas", añadió.

Silvana Buján, de la Fundación Bios, informó a IPS que pidió lo mismo a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el sur de la oriental provincia de Buenos Aires, es decir que se rechacen esos fondos que fueron aceptados por el CIN, pero que no le respondieron.

"Entre los docentes (profesores) hay dos posturas sin matices: o se acepta recibir fondos 'de donde sea', o se rechazan algunos desde la ética", dijo. Pero aseguró que hay universidades en las que "sus docentes están interpelando a la autoridad para que expliquen si han aceptado ese dinero sucio".

"Hay muchos consejeros superiores que ni estaban enterados. No creemos que los excuse. Resulta muy extraño que un fondo tan cuestionable pueda pasar desapercibido como ingresos generales disimulado en un paquete de dinero mayor, sin que se explique de dónde vienen esos fondos de manera discriminada", opinó.

"Si acaso ha sido así, debiera evaluarse la posibilidad de su devolución y tomar recaudos para futuras partidas, en las cuales se sepa la procedencia y se evalúe así su legitimidad y su impronta ética", anticipó

El presidente del CIN, Darío Maiorana, rector de la Universidad Nacional de Rosario, en la central provincia de Santa Fe, explicó que los rectores se limitaron a discutir la distribución de los fondos por pedido del ministerio de Educación. "Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibirlos", admitió, pero el reparto que asigna esos beneficios es legal.

El tema es complejo y polémico.

Para la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera, en la occidental provincia de Catamarca, la empresa Minera Alumbrera Limitada, administrada por la firma suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources, firmó en 1999 una alianza transitoria de empresas con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

YMAD, que percibe 20 por ciento de las utilidades de la explotación, es la empresa dueña de los derechos de exploración y explotación del yacimiento a cielo abierto más grande del país, y está conformada por el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca, y la Universidad Nacional de Tucumán

Por ley argentina, YMAD debe repartir los beneficios de la explotación del yacimiento de la siguiente forma: mitad para la Universidad Nacional de Tucumán y la otra mitad a repartir en el resto de las universidades públicas del país. En los dos últimos años, cuando la empresa pudo empezar a repartir utilidades, comenzó la distribución.

La instalación consta de un yacimiento a cielo abierto que produce anualmente 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro, un mineraloducto de 317 kilómetros que va de Catamarca a la vecina provincia de Tucumán, y un electroducto de más de 200 kilómetros para transportar energía.

Desde fines de los años 90, pobladores vecinos del yacimiento tanto en Catamarca como en Tucumán denuncian la contaminación del aire y el agua a raíz de la explotación. En 2008, la justicia de Tucumán procesó por contaminación de un efluente al vicepresidente de la firma minera, Julián Rooney.

Las pericias habían detectado concentraciones superiores a lo esperado de sulfatos, molibdeno, manganeso, arsénico, hierro y boro en el agua del canal tucumano DP2, donde la minera vierte sus efluentes. A su vez, se investiga el impacto de roturas del mineraloducto, por donde escapan derrames.

Urbano Cardozo, vecino de la entidad Vecinos Andalgalenses Autoconvocados por la Vida, dijo a IPS que tienen documentadas cinco roturas del mineraloducto, y que los técnicos de la firma que van a recoger las pérdidas lo hacen con trajes y guantes especiales, cascos, máscaras, antiparras y botas

Hay también frecuentes filtraciones de metales pesados del dique de cola, afirman los vecinos, que van al río Vis-Vis.(FIN/2009)



julio 13, 2009

Médicos del Mundo vs. el Gobierno



Duelo verbal. Gonzalo Basile, titular de la ONG Médicos del Mundo
en la Argentina, sostiene que el Gobierno oculta información.
Aníbal Fernández los trató de “chantas”.


ENTREVISTA EXCLUSIVA DE CRÍTICA de la Argentina


Gonzalo Basile consideró que la cifra de muertos debería ser superior a 200 y que hay que declarar la emergencia sanitaria por lo que ocurre también con el dengue, la tuberculosis y la desnutrición infantil. Aníbal F. negó que se oculten datos.

Por Leonel Lenga

13.07.2009


Gonzalo Basile, titular de la filial argentina de Médicos del Mundo, la ONG que confrontó con el gobierno nacional al cuestionar el manejo de las estadísticas oficiales sobre enfermos de gripe A, recibió a Crítica de la Argentina en sus oficinas de Balvanera y redobló la apuesta. Consideró que las cifras sobre muertos por influenza ocultan por lo menos a la mitad de las víctimas, que el sistema de salud está colapsado y que hay que declarar la emergencia sanitaria por lo que ocurre también con el dengue, la tuberculosis y la desnutrición infantil. “No escuché a nadie que dijera que en esta etapa invernal tendríamos que haber mejorado la alimentación y el soporte nutricional de los sectores más vulnerables, así como idear una política de abrigo que proteja sus viviendas precarias del frío”, mencionó.

–Aníbal Fernández dijo que no había ninguna información que se haya ocultado y los calificó a ustedes como un “grupo de chantas”, ¿qué opinión le merece?

–No vamos a responder en términos de agravios asuntos referidos a la salud pública. Nuestra organización tiene autonomía de los sectores políticos, cuenta con una intención humanitaria y vela por los derechos de los pueblos. Estamos preocupados por la salud pública. Necesitamos más compromiso para que la sociedad civil pueda fiscalizar las políticas del Estado y más democratización para que se puedan decir cosas aunque no les gusten a los funcionarios.

–¿Por qué manejan cifras diferentes y de dónde provienen?

–Según definió el ministro de Salud, hubo por lo menos 100 mil casos de gripe porcina. Si tenemos ese número es imposible tener solamente 94 muertos porque implicaría que la tasa de letalidad se encuentra por debajo de la media internacional. La tasa más baja es de 0,2 en Australia. En caso de igualarlos, tendríamos que hablar de por lo menos 200 muertes. La Argentina tiene un sistema deficitario de información epidemiológica generado a partir de acumular muchos subregistros de casos, producto de la fragmentación en 24 provincias. Esto complejiza integrar toda la información y lleva a que el problema se repita con otras enfermedades.

–¿Cuál es su evaluación del sistema de salud?

–El año pasado se notificó un total de 1.186.997 casos de enfermedad tipo influenza (gripe común) en todo el país, lo que provocó 3.200 muertes. Además se registraron 203.504 casos de neumonía y 262.285 casos de bronquiolitis en menores de dos años, un 28% más que el año anterior. Esto demuestra que en realidad ya había un estado de situación muy grave que se profundizó con la gripe porcina. El sistema de salud siempre está al límite y desbordado, por más que los profesionales den su mayor esfuerzo diario e intenten rebuscárselas. La falta de rectoría generada a partir de la separación de salud en los sectores públicos, privados y de seguridad social, generó descoordinación. Hay que sumar que estamos frente a un desfinanciamiento crónico ya que sólo se invierte en salud el 1,9 del PBI. Es necesaria una reforma sanitaria para reorganizar los servicios de salud y convertirlo en un modelo universal, gratuito y único, como ya ocurre en Cuba, Brasil y Canadá.

–¿Qué opina de las medidas que se tomaron en el país?


–Sólo se discutió de la enfermedad, pero poco del cuidado y de la protección social. En esta etapa invernal tendríamos que haber mejorado la alimentación y el soporte nutricional con verduras, carnes, dulces y lácteos. Mejorar la defensa y el sistema inmunitario. Tampoco discutimos una política de abrigo para las viviendas precarias donde se pasa frío, ni para las 25 mil personas que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia viven en la calle. Debió haberse promovido una política de prevención de salud realista. Además de sugerir la limpieza, entregar el kit correspondiente ya que muchos no pueden comprar jabón, lavandina y detergente. Por último, debió establecerse un control de precios férreo para los barbijos y el alcohol en gel. No puede ser que se haya especulado con los insumos básicos que necesita la población. Por último, considero que estamos a tiempo de declarar la emergencia sanitaria, pero que debería comprender, además de las infecciones respiratorias agudas, el mal de Chagas, la tuberculosis, el paludismo, la desnutrición infantil y el dengue.

–¿Qué factores posibilitaron el desarrollo de la enfermedad?


–El modelo productivo de libre comercio en México posibilitó que en el poblado de La Gloria, en Veracruz, una empresa trasnacional, Smithfield Foods Inc., echada de Estados Unidos porque producía más de un millón de cerdos en malas condiciones, pudiera instalarse. La revista británica Science publicó en 2003 que la explotación de cerdos podría generar enfermedades de gripe más potentes.

julio 12, 2009

Vacuna experimental: multan por un millón de pesos a responsables de un ensayo con niños




Es la mayor sanción aplicada en la Argentina. Cuestiona la información dada a los padres sobre los riesgos de estos experimentos. Y reclama a los laboratorios que traten con especial respeto a los pobres.

Por: Pablo Calvo
Clarín – 12 julio 2009

Es la multa más alta que se haya fijado en la historia de los ensayos clínicos en la Argentina. Y sienta un precedente que las poderosas compañías farmacéuticas internacionales deberán tener en cuenta cuando decidan captar a pacientes pobres del país para probar sus medicinas. Un millón de pesos es la multa que acaba de imponerle el Gobierno a los responsables del estudio Compas, que prueba una vacuna contra el neumococo en casi 14.000 niños de Santiago del Estero, Mendoza y San Juan.Los motivos son la mala calidad de la información que se les dio a los padres sobre el alcance y los riesgos del experimento, el incumplimiento de los criterios de selección de pacientes con antecedentes de enfermedades, la falta de documentación de padres que aceptaron la participación de sus hijos, la debilidad de los controles internos y desvíos en materia de Buenas Prácticas en Investigación Clínica.Lo afirma la disposición 3255 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a la que Clarín accedió, en exclusiva, mediante un pedido de Acceso a la Información

La sanción, que puede ser apelada, se divide en tres partes:

El laboratorio GlaxoSmithKline, patrocinante del estudio, debería pagar 400 mil pesos por "incumplir sus deberes de monitoreo".

El investigador responsable y coordinador en la Argentina, Miguel Tregnaghi, debería pagar 300 mil pesos porque "omitió implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las buenas prácticas en el desarrollo del ensayo clínico".

Y el investigador principal en Santiago del Estero, Enrique Smith, debería pagar 300 mil pesos por "no haber llevado a cabo debidamente el proceso de consentimiento informado y los procesos de inclusión y de exclusión de pacientes". En total, un millón de pesos, cifra que el Estado reserva para los casos que considera "graves", explicaron voceros oficiales.

El caso de los ensayos fue descubierto por Clarín a fines de 2007, luego de entrevistar a padres de niños reclutados en Santiago del Estero. Salió a la luz que varios eran analfabetos y no comprendían los términos científicos contenidos en las 13 páginas del consentimiento informado, que es el formulario donde se acepta la inclusión de los niños. Tampoco se enteraban cabalmente de los peligros potenciales que encerraba el estudio, según los testimonios recogidos entonces. Por incorporar, monitorear y seguir durante 3 años la evolución de los niños, se pagan 350 dólares por cada caso a los médicos que llevan el estudio.

Ahora, en un hecho inédito a nivel mundial, sociólogos y antropólogos se sumaron a la evaluación técnica que hicieron los inspectores de la ANMAT. En el terreno, estos profesionales del campo humanista constataron que "en por lo menos tres de las madres de los sujetos participantes, se denota una comprensión poco clara de los objetivos y condiciones de su participación en el estudio". No sabían lo que habían firmado.El laboratorio había asegurado que "el 98 por ciento de los padres o tutores cuenta con algún grado de educación, de los cuales el 70 por ciento posee educación secundaria o terciaria". Pero la Dirección de Evaluación de Medicamentos de la ANMAT puso en duda esa información, al señalar que la compañía nunca presentó pruebas para hacerla creíble.

"No se pudo constatar durante las inspecciones la presencia de dos testigos para la toma del consentimiento informado en el caso de pacientes iletrados, como así tampoco la evaluación del grado de escolaridad de los otorgantes a los fines de discriminar quiénes debieron ser acompañados por dos testigos", indica la sanción, que tiene 25 páginas y es el resultado de un sumario abierto en diciembre pasado y cerrado el último viernes de junio. La medida marca un antes y un después en las estrategias de control que el Estado argentino venía aplicando sobre los ensayos clínicos realizados en el país. Concretamente, para prevenir trampas y engaños, enfatiza que laboratorios y profesionales deben investigar en un clima de "respeto, consideración y sensibilidad" hacia los participantes, sobre todo si viven en comunidades pobres. En Santiago del Estero y La Banda, el 26 por ciento de los hogares está por debajo de la línea de pobreza, según las últimas mediciones.

Aquí, los párrafos salientes de este nuevo enfoque:

La población sobre la cual se desarrolló el estudio estaba constituida por menores de edad provenientes de familias de bajos recursos, con bajos niveles de instrucción, es decir que poseían un escaso nivel de comprensión en relación a lo que significa ser parte de un ensayo clínico"

"Las personas con tales características son consideradas como sujetos vulnerables, según la Conferencia Internacional de Armonización y demás documentos internacionales; por consiguiente, tanto los investigadores como el patrocinante deberían haber extremado los recaudos a fin de garantizar el bienestar de los pacientes enrolados y asegurar una debida explicación del protocolo, lo que puede influir en la decisión de los familiares de los pacientes".

"El problema central que presenta la participación de personas vulnerables como sujetos de investigación consiste en que puede implicar una distribución desigual de cargas y beneficios, siendo individuos convencionalmente considerados vulnerables aquéllos con capacidad o libertad disminuida para consentir o abstenerse de consentir"

"En el caso de los pacientes iletrados, se omitió dar cumplimiento a la obligación de contar con la presencia de dos testigos para la toma del consentimiento informado, cuya importancia consiste en atestiguar que al paciente se le ofreció tiempo suficiente para decidir la participación en el estudio, que todas las preguntas que formuló fueron respondidas por el investigador y entendidas por el sujeto y que no se lo coaccionó para participar del ensayo".

"En este tipo de estudios, en los que se recluta a niños para establecer la seguridad y eficacia de una vacuna, debe atenderse a las necesidades de salud y cuestiones éticas y jurídicas pertinentes a su situación; la selección y el reclutamiento de las comunidades y personas participantes de un ensayo clínico deben ser justos".La disposición de la ANMAT citó a la Corte Suprema de Justicia, que destacó "el indelegable control que debe ejercer el Estado" en la vigilancia de la experimentación y comercialización de productos medicinales, "no sólo por razones científicas, sino también por el imperativo ético de no permitir la utilización del hombre como un simple medio para otros fines". En ningún momento la sanción cuestiona la calidad de la vacuna, que ya está en su tercera fase de experimentación y avanza hacia su aprobación, sino las estrategias que se aplicaron para conseguir niños e informar a los padres con la verdad.



LA POSICION DEL LABORATORIO SANCIONADO

"El sumario no cuestiona la seguridad de la vacuna"

El sumario de ANMAT en ningún momento cuestiona la seguridad de la vacuna", señaló el laboratorio GlaxoSmithKline, ante un pedido de descargo realizado por Clarín.

La compañía prepara una respuesta formal al organismo y la hará pública en los próximos días, indicaron sus voceros.Según otras fuentes consultadas, GSK y sus investigadores Miguel Tregnaghi y Enrique Smith explicaron en el expediente que actuaron de manera correcta y responsable. Aseguraron haber respetado las Buenas Prácticas Clínicas, y haberse manejado de acuerdo al "criterio médico" para decidir en qué casos ordenaban exámenes previos para determinar la inclusión o no de los niños. Remarcaron además que padres y tutores fueron ampliamente informados sobre los alcances del estudio.

Ante el pedido de respuesta a la disposición de la ANMAT, que tomó estado público a partir de un pedido de Acceso a la Información realizado por Clarín, la firma comunicó lo siguiente:

"GlaxoSmithKline ha sido notificada recientemente sobre la decisión final de la ANMAT y aún no ha contestado a esta autoridad. El sumario todavía es material confidencial. Una vez que se haya dado cumplimiento a las regulaciones y formalidades que establecen dar prioridad a la respuesta a la ANMAT, estaremos en condiciones de dar una posición pública al respecto".

"Actualmente, el estudio COMPAS continúa realizándose de acuerdo a su plan original y en este momento se encuentra en su fase de seguimiento. Esperamos tener los resultados finales del mismo a mediados del próximo año".

"Es muy importante destacar que el sumario de ANMAT en ningún momento cuestiona la seguridad de la vacuna, que ha sido aprobada para su comercialización por agencias reguladoras de 35 países en base a datos de más de 40 estudios clínicos realizados en Europa (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, España, etc.). Los países en los que ya se ha aprobado esta vacuna incluyen: Unión Europea, Canadá, Australia, Chile, Colombia, Brasil y México, entre otros, y recientemente ha sido elegida como vacuna del Plan Ampliado de Inmunizaciones en Quebec, Canadá, para prevenir las enfermedades causadas por el neumococo en los niños".

"En línea con el compromiso de GSK para disponibilizar esta vacuna a los países en desarrollo, la compañía sometió a la Organización Mundial de la Salud una solicitud de precalificación a principios del 2008. El programa de precalificación de la OMS existe para facilitar la disponibilidad de la vacuna a los países en desarrollo a través de sus agencias, tales como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, así como de GAVI (la alianza global para la inmunización por vacunación).


julio 10, 2009

China y la India se negaron a comprometerse a reducir la emisión de gases contaminantes




Cumbre en L´Aquila / Criticas de la ONU

El cambio climático divide a los países ricos y a los emergentes

Viernes 10 de julio de 2009 | La Nación


L´AQUILA.- La segunda jornada de la cumbre de mandatarios de las potencias industriales que integran el G-8 en la ciudad italiana de L´Aquila concluyó ayer con nuevos compromisos en materia de comercio y economía, pero sin un total consenso sobre las medidas por adoptar contra el cambio climático.

La participación en las reuniones de los líderes de las economías emergentes del G-5 (Brasil, México, China, la India, Sudáfrica) determinó que el acuerdo que anteayer había alcanzado el G-8 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050 no tuviera consenso unánime.

Ayer apenas se logró a un acuerdo para limitar el aumento de la temperatura media global en dos grados centígrados, pero no se estableció una cifra exacta para la reducción de los gases nocivos, una cuestión que será abordada en diciembre en la Cumbre Mundial sobre el Clima, en Copenhague.

En la primera jornada de la cumbre, los países del G-8 (Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y Rusia) se comprometieron a reducir sus emisiones en un 80% para 2050 y afirmaron que el resto del mundo debería reducirlas en un 50% para la misma fecha.

Pero el G-8 no consiguió persuadir al principal emisor, China, ni a la India para que asumieran ese compromiso, lo que representa un revés para los esfuerzos por asegurar un pacto que reemplace el Protocolo de Kyoto. Además, Canadá y Rusia parecieron dar la espalda al objetivo de recortar las emisiones en un 80% para 2050.

En conjunto, los países del G-8 y del G-5 son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también presente en L´Aquila, se mostró "insatisfecho" con la falta de acuerdos concretos en la cumbre.

"Necesitamos un objetivo a mediano plazo para estar seguros de que estamos en el buen camino en la consecución de los objetivos de 2050 -dijo Ban-. Los dirigentes del G-8 tenían una oportunidad única, que corre el riesgo de no volver a presentarse."

También el negociador brasileño de medio ambiente, Luiz Alberto Figereido Machado, dijo que la propuesta del G-8 no tenía "credibilidad" sin metas intermedias.

El presidente norteamericano, Barack Obama, admitió que los países más ricos son los que deben encabezar la lucha contra el calentamiento global, y consideró que aún hay tiempo para superar la brecha con los países en desarrollo en torno al cambio climático antes del encuentro en Copenhague.

"Cada nación está en riesgo, y como ningún país por sí solo es responsable del cambio climático, ningún país puede enfrentarlo solo", aseveró Obama, que dijo que entendía las dudas de China y de la India sobre la reducción del consumo de energía cuando las potencias industriales ricas tenían "una cantidad mucho mayor de dióxido de carbono per cápita".

"Quieren asegurarse de que no tienen que sacrificar sus aspiraciones para el desarrollo y un mayor nivel de vida", señaló.

Obama se comprometió a reducir las emisiones de gases, luego de años en que Estados Unidos se negaba a asumir compromisos al respecto.

Un mayor consenso fue el que se logró en materia de economía, con un acuerdo entre los miembros del Foro de las Economías Principales (FEP), que forman el G-8, el G-5 más Indonesia, Corea del Sur y Australia, para cerrar las negociaciones de la Ronda de Doha para 2010.

Con el fin de impulsar la liberalización del comercio internacional y la lucha contra la crisis, estos 16 países lograron sellar ayer varios compromisos en materia económica.

El acuerdo para cerrar la Ronda de Doha para 2010 no supone ningún compromiso concreto en la liberalización del comercio de productos agrícolas, que hasta ahora han bloqueado las negociaciones.

Sin embargo, los líderes del FEP destacaron la voluntad de desbloquear las negociaciones iniciadas en 2001 y anunciaron que durante las reuniones se han alcanzado otros compromisos, como el de "no recurrir a la devaluación de las monedas nacionales" como método para fomentar sus exportaciones.

Además del avance en las negociaciones comerciales, los Estados reunidos se comprometieron a reformar la legislación financiera y reestructurar las instituciones internacionales.

Los líderes mundiales reunidos en L´Aquila, epicentro del terremoto del pasado abril que causó 299 muertos, han afirmado desde el inicio de la cumbre que constatan una mejora de la economía global, aunque advierten que todavía existen peligros.

En tanto, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, insistió ayer en su propuesta de ampliar el G-8, ya que en su opinión "no es suficientemente representativo para responder a la crisis económica".

"En 2011, cuando ostentemos la presidencia del G-8, incluiremos en la agenda el refuerzo del G-14. Me parece indispensable", dijo Sarkozy.

Agencias AFP, AP, EFE, DPA y Reuters


julio 09, 2009

INSATISFACTORIO ACUERDO CLIMÁTICO


Ban Ki-moon insatisfecho con acuerdo climático del G8 por ''insuficiente''


La cumbre de los líderes de los ocho países más industrializados (G8) se inició en Italia el pasado miércoles. Ban Ki-moon abogó por la "responsabilidad histórica" que deben asumir los Gobiernos del mundo, sobre todo los de las potencias, ante el cambio climático y sus efectos sobre el planeta.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, manifestó este jueves su insatisfacción ante los acuerdos climáticos que se lograron en la primera jornada de la cumbre de los países más industrializados (G8), por considerar que no son suficientes para contrarrestar el calentamiento global.

Se opuso específicamente a la decisión de los países más industrializados de reducir en un 80 por ciento las emisiones de C02 para 2050.

Manifestó que esos objetivos de reducción de emisiones autoimpuestos por el G8 no son "suficientes".

Según el secretario general de la ONU, se trata de "un imperativo moral y político" luchar contra el cambio climático, porque en la actualidad debe prevalecer una "responsabilidad histórica" respecto al medio ambiente, la humanidad y el planeta tierra.

Los países ricos del G8 y los países emergentes del G5 acordaron establecer este jueves el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media global en dos grados centígrados, según informó una fuente del gobierno italiano.

La fuente señaló que este consenso equivale al primer acuerdo firme entre el G8 y el G5 sobre asuntos climáticos.

El G8 (EE.UU., Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y Rusia) anunciará esta tarde una declaración junto al G5 (China, la India, Brasil, Suráfrica y México) sobre asuntos climáticos.