MEXICO - AGUA, SAQUEO Y DEVASTACION

Ni el campo ni la ciudad
tienen garantía de sobrevivir

Por Octavio Rosas Landa

Hoy, para sostenerse, todas las ciudades (de cualquier tamaño) están obligadas a extraer agua del campo y de su propio subsuelo. Conforme crecen su población, industria, edificación y áreas pavimentadas, crecen también su necesidad de agua y la contaminación que es devuelta como basura al campo.

En el último siglo, la ciudad de México ha crecido a un ritmo tal que su expansión obligó a que (hace unos cincuenta años) se comenzara a extraer agua de la cuenca del río Lerma y después del Cutzamala, en el estado de México. Ello significa que más sembradíos, lagos y lagunas, ríos, bosques y especies de animales y plantas desaparezcan o corran peligro y, con ellos, la vida de pueblos campesinos ñahñú, mazahua, náhuatl y mestizos en cuyos bosques y tierras se recupera el agua que bebemos, se producen los alimentos que consumimos y se hace respirable el aire.

La destrucción sistemática de la vida comunitaria y campesina de los pueblos y municipios que rodean la ciudad de México, mediante despojos, expulsiones, conflictos políticos creados y agresiones económicas, provoca que las milpas, nopaleras, bosques y hortalizas se vuelvan pavimento invasor que destruye tierras que antes servían para captar agua y permitían recuperarla, por obra de las mismas comunidades, para producir alimentos y consumir a diario.

Aunque la conservación del bosque que por generaciones han trabajado los mazahuas hoy sirve para llevar casi 20 mil litros de agua por segundo a la capital (supuestamente para dotar a quienes no la tienen), una cantidad semejante al despojo se desperdicia en el subsuelo de la ciudad. Es el deterioro de los sistemas, el hundimiento irremediable de la ciudad por su mayor extracción de agua subterránea, la rotura de tubos de distribución y desagüe que mezcla aguas limpias y contaminadas.

Cuando el agua sí llega a los hogares de los habitantes de la ciudad, está saturada de materia fecal, solventes, detergentes, pinturas, químicos y metales pesados procedentes de viviendas, industria y comercio.

Millones de litros del agua residual del despilfarro industrial y doméstico se arrojan al valle del Mezquital, en Hidalgo, donde comuneros y ejidatarios ñahñú la usan para regar cultivos de maíz, calabaza, chile o alfalfa que consumen ellos y los habitantes de la ciudad de México. Así, ni urbanos ni campesinos tenemos acceso al agua o garantía de sobrevivir.

El crecimiento y hundimiento del Distrito Federal aumentan su necesidad de agua limpia y su desalojo de aguas residuales (desde y hacia regiones cada vez más lejanas). Para bombearlas y transportarlas se volvió indispensable un mayor consumo de energía eléctrica. Esto sirve como justificación oficial para construir más represas, como La Parota, en Guerrero, El Arcediano, en Jalisco o El Cajón y La Yesca, en Nayarit, proyectos que despojan de recursos y cultura a los pueblos indígenas y aumentan la emigración del campo a las ciudades mexicanas y a Estados Unidos, donde, en calidad de jornaleros asalariados por la agroindustria transnacional, producen (en semiesclavitud) alimentos que se exportan a México a precios más bajos que los nacionales, arruinan la economía campesina y, nuevamente, estimulan una emigración que desborda las ciudades y destruye la capacidad ambiental de recuperar el agua.

También cambió el modo de urbanizar el país: en las periferias de sus ciudades crecen proyectos de urbanización salvaje que incluyen, en un solo paquete, las miles de monstruosas unidades habitacionales (casas Geo, Ara, Sadasi, Homex-Beta, Came, etcétera), que impiden una vida humanamente soportable a sus habitantes. Proliferan gasolineras, centros comerciales transnacionales (Wal-Mart, Costco, Sam's), carreteras de cuota, antenas para telefonía celular y las llamadas "tiendas de conveniencia" (Oxxo, 7-Eleven, Waldo's, Extra), que superexplotan a sus empleados, aniquilan el pequeño comercio establecido y ambulante, imponen la modificación de los patrones de consumo de la población, generan millones de toneladas de basura (plásticos, envases, baterías eléctricas, papel y residuos orgánicos) arrojada sin miramientos en terrenos inadecuados y a cielo abierto (barrancas, ríos, lagunas, lotes baldíos), envenenando más el agua, la tierra y el aire. En Alpuyeca, Morelos y en Tlalnepantla, estado de México, existen dos basureros cuya operación, en los últimos 30 años, ha matado de cáncer a decenas de pobladores y enfermado a muchos más.

La crisis ambiental y social de la ciudad de México y la "corona de ciudades, municipios y pueblos" que la rodean es un espejo de la crisis en la relación entre campo y ciudad. Si ya era desventajosa para el campo, tras 25 años de neoliberalismo es casi catastrófica para campo y ciudad. Para "solucionar" la crisis, al gobierno y los empresarios nacionales y transnacionales no se les ocurre sino privatizarlo todo y convertir las áreas rurales que circundan las ciudades en gigantescos basureros, confinamientos químicos peligrosos o incineradores que rebasan el entendimiento ambiental de las autoridades locales y niegan toda oportunidad de que la gente opine o decida su propia vida.

La agresión que supone privatizar el agua es parte de un ataque general contra toda la población porque su control privado posibilita acaparar todos los recursos naturales y producidos. Desde esta óptica, la reproducción de la comunidad rural se considera un estorbo.

Uno a uno, los elementos privatizadores se entretejen y expresan en los cambios a leyes, normas, reglamentos y procedimientos, en las contrarreformas agraria de 1992 e indígena de 2001, las leyes forestal, minera, de aguas nacionales, de bioseguridad, y otras. En programas y planes de un falso combate a la pobreza (Oportunidades), de control de los productores agrícolas (Procampo), de pago por servicios ambientales, de ordenamiento "ecológico" del territorio o la certificación de tierras (Procede y Procecom). En la reorganización neoliberal de instituciones de gobierno, del nivel federal (la Comisión Nacional del Agua), al municipal, con los organismos operadores de agua potable y saneamiento. En un alarmante deterioro de la calidad de vida, la sustentabilidad ecológica, económica, social y política de las regiones. Peor aún, en la criminalización de todas las luchas que se oponen a la corrupción generalizada de autoridades y partidos políticos en abierta u oculta complicidad con narcotraficantes, jerarcas de la iglesia y empresarios. Se trata de perseguir, golpear, amenazar, encarcelar y asesinar a quienes deciden defender su derecho al lugar en que viven.

Por todo el país surgen movimientos populares que enfrentan la voracidad empresarial, la corrupción gubernamental y la desinformación ciudadana. Como la embestida del capital tiene cohesión, la resistencia social debe ser integral. Es indispensable construir información crítica de los aspectos de regresión legal y erosión económica, social, política y cultural provocados por los planes privatizadores, el intercambio de variadas experiencias organizativas contra esta expropiación, y la construcción de alternativas colectivas autogestionarias y democráticas: de ellas dependerá nuestra vida. Nuestras luchas deben considerar todas las escalas (local, regional, nacional e internacional), todas las dimensiones (jurídica, económica, política, cultural y ambiental), todos los grupos (indígenas, campesinos, obreros, ciudadanos, consumidores) y todos los ámbitos de la agresión privatizadora (agua, tierra, aire, biodiversidad, maíz, saberes y conocimientos), para mejor defender a comunidades y pueblos, la autonomía, la naturaleza, el territorio y la vida. Es vital articular las luchas del campo y la ciudad, como ocurre dignamente en Oaxaca y muchos otros lugares de México.

Octavio Rosas Landa es miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop).

COMENZÓ EL TRANS-APOCALIPSIS

Dos chanchitos transgénicos, en Harbin, China, reciben rayos ultravioletas para mostrar sus uñas fluorescentes.

CLIMA ALTERADO - DESAFIOS 2006-2007

Público afiebrado por cambio climático
Por Stephen Leahy

TORONTO, dic 2006 (IPS) - En el año que termina, la ciudadanía de Estados Unidos y Canadá comenzó a tomar en serio el cambio climático y a presionar a los dos gobiernos para que impongan una reducción de las emisiones de gases invernadero.

Lo que no queda tan claro es si la población de los dos países norteamericanos se comprometerá a manifestar esa postura con más ahínco ante sus líderes políticos, así como a cambiar su conducta y hábitos de consumo para abatir esas emisiones.

El mes pasado, por ejemplo, miles de personas pasaron al menos tres días con sus noches haciendo fila frente a los comercios de productos electrónicos estadounidenses y canadienses para ser los primeros en gastar 600 dólares por la última edición de una consola de juegos electrónicos.

¿Cuántos pasarían dos horas, aunque sea, en protestar por la inacción de los gobiernos ante el recalentamiento planetario?

"Cada vez se constata más apoyo público, pero no estoy segura de que haya voluntad de hacer nada", dijo Eileen Claussen, del Centro Pew sobre Cambio Climático Global, institución académica estadounidense que trabaja con empresarios y dirigentes políticos.

Las encuestas del otoño boreal pasado indican que el público canadiense y estadounidense está preocupado por el impacto del cambio climático en el mundo en que vivirán sus hijos y nietos, y que está al tanto de la falta de voluntad de los gobiernos al respecto.

El documental "Una verdad inconveniente", en que el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore expone la gran cantidad de evidencias sobre las causas y el peligro del recalentamiento planetario, es la tercera película en su género más vista en la historia de ese país.

Pero dar a conocer el fenómeno al gran público no es suficiente, según expertos.

"La más importante entre las acciones que se requieren es establecer una política nacional de reducción de emisiones de gases invernadero", dijo Claussen a IPS. "Ciudades, estados, industrias y empresas están todos de acuerdo en eso."

Por ejemplo, la cadena comercial estadounidense Wal-mart pide a sus más de 30.000 proveedores que reduzcan sus emisiones de gases invernadero, aquellos a los cuales la mayoría de los científicos atribuyen el recalentamiento del planeta, con el dióxido de carbono a la cabeza.

Wal-mart también informa a sus clientes sobre el problema, indicó Claussen.

El dióxido de carbono es emitido en gran medida por la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, en actividades como la industria y el transporte.

"Pero no habrá en Estados Unidos una política nacional de reducción de emisiones por al menos dos años, y todo parece indicar que serán más de cuatro", agregó. En otras palabras, eso ocurrirá mucho después de que el presidente George W. Bush haya abandonado la Casa Blanca.

El Protocolo de Kyoto de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, firmado en 1998, obliga a 34 países industrializados a reducir sus emisiones 5,2 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para el periodo entre 2008 y 2012.

Estados Unidos firmó el Protocolo de Kyoto cuando fue acordado en esa ciudad japonesa, pero el gobierno de Bush retiró su adhesión con el argumento de que los recortes de emisiones serían demasiado costosos para la economía del país.

Además, señaló que la implementación del convenio pondría a la economía estadounidense en una situación desventajosa frente a grandes países en un pujante proceso de desarrollo, como China.

Desde 1990, las emisiones estadounidenses, que representan la cuarta parte de las mundiales, crecieron 16 por ciento.

Canadá sí ratificó el acuerdo, pero sus emisiones de gases invernadero aumentaron casi 30 por ciento desde 1990, en gran parte por el auge del sector de los hidrocarburos.

Este país de elevada industrialización necesita un buen plan de reducción de emisiones, pero el gobierno conservador que encabeza el primer ministro Stephen Harper carece de voluntad política para elaborarlo e implementarlo, dijo Morag Carter, director del programa de cambio climático de la ambientalista Fundación David Suzuki.

"Confiamos en que el público convenza a los políticos de tomar medidas al respecto", dijo Carter.

Pero, más allá de mostrar preocupación, el público de Estados Unidos y Canadá no parece apartarse de sus televisores y de sus videojuegos para asegurarse de que sus líderes políticos hagan algo contra el recalentamiento planetario.

Mientras los negadores del cambio climático financiados por las compañías del sector energético divulgan sus argumentos, los comentaristas de los medios de comunicación consideran que el asunto es "demasiado complicado" como para saber con certeza qué hacer.

"Confío en que la prensa estadounidense comience, por fin, a comprender que el debate científico ya concluyó" desmintiendo a los desmentidores, dijo Claussen.

El problema es que el público aún no entiende que sus decisiones personales, como la compra de un automóvil o de un lavarropas, pueden reducir o aumentar las emisiones de gases invernadero, sostuvo.

"La gente también minimiza la eficacia de las acciones personales, porque ven muy pocas personas" tomando las decisiones correctas, observó.

Sería útil que los consumidores promedio tuvieran claras apenas 10 medidas que pueden tomar en su vida cotidiana, explicó Claussen.

La Fundación David Suzuki lanzó un programa en ese sentido hace cuatro años, denominado Desafío Natural.

Entre las acciones recomendadas figuran una reducción de 10 por ciento en el consumo de energía hogareña, usar bicicleta o el transporte colectivo, comer alimentos sin carne al menos una vez por semana --pues la digestión del ganado también emite gases invernadero-- y elegir aparatos domésticos adecuados.

Más de 238.000 personas se unieron al programa, y reciben una vez por mes recomendaciones nuevas. "Los canadienses están dispuestos a cambiar su estilo de vida. Cientos de personas se incorporan al Desafío Natural cada semana", dijo Carter.

Pero las grandes industrias canadienses, responsables de más de la mitad de las emisiones de gases invernadero del país, aún tienen mucho por hacer para alcanzar el recorte recomendado por muchos científicos a fin de frenar el recalentamiento planetario, que asciende a 80 por ciento para 2050.

El sector del gas y el petróleo, que gana miles de millones de dólares al año, podría reconvertirse en una industria neutral en emisiones a un costo de centésimos por barril, según diversos estudios.

Pero el gobierno de Canadá prefiere la implementación de medidas voluntarias.

Eso está muy lejos del recorte obligatorio de emisiones de tres por ciento anual que, con seguridad, aprobará el parlamento de Gran Bretaña en los próximos meses, dijo Catherine Pearce, directora de la campaña de cambio climático de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional.

A pesar de que el gobierno de Tony Blair es uno de los líderes mundiales en la materia, todavía no hace lo necesario, según 70 por ciento de los británicos entrevistados por las encuestadoras.

La iniciativa a estudio del parlamento británico ayudará al país europeo a desarrollar nuevas tecnologías que podrán aplicarse en otras naciones, añadió la activista, para quien la posición de los partidos en torno del cambio climático será crucial en las próximas elecciones.

Alemania no le va en zaga a Gran Bretaña, pues considera una reducción obligatoria de emisiones de 40 por ciento para 2020 en caso de que la Unión Europea asuma un objetivo de 30 por ciento.

Para Pearce, el bloque europeo cree que debe mostrar liderazgo en esta materia para que países en un proceso de industrialización acelerada, como China e India, sigan su ejemplo.

En cambio, buena parte de los legisladores de Estados Unidos y Canadá creen que no deben hacer nada a menos que estos dos gigantes asiáticos formulen sus propios compromisos de recorte de emisiones.

"La comunidad internacional está exasperada con la irresponsable actitud" de los dos países norteamericanos, concluyó Pearce. (FIN/2006)

KENYA: PLAGA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

Kenya: 30% de niñas son víctimas de explotación sexual, reporta UNICEF

Naciones Unidas -19 de diciembre, 2006. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó hoy en un informe que un 30% de las niñas de entre 12 y 18 años sufren explotación sexual en Kenya.

El “nivel alarmante” de esta cifra representa una “profunda violación de los derechos” de los menores, principalmente de las zonas costeras del país africano, señaló el organismo de la ONU.

Estas relaciones se producen a cambio de bienes o dinero, explicó el portavoz del UNICEF en Ginebra, Michael Bociurkiw.

“UNICEF cree que ha llegado el momento para la tolerancia cero. Kenya no debería ser vista como un área para la explotación sexual” dijo el portavoz, quien añadió que existe un alto nivel de tolerancia para estas prácticas en la industria turística del país.

Según el informe, la mitad de los adultos que abusan de las menores son turistas europeos; principalmente italianos, alemanes y suizos.

Para la realización de esta publicación –realizada en colaboración con el gobierno de Kenya- se repartieron cuadernillos entre las niñas donde éstas anotaban quienes eran sus clientes y qué tipo de experiencias habían tenido.

CANADÁ DÁ UNA BOFETADA A KYOTO

Por Stephen Leahy

TORONTO, dic (Tierramérica) - Para sorpresa de la mayoría de los canadienses y de la comunidad internacional, Canadá reniega de sus compromisos internacionales bajo el Protocolo de Kyoto (1997), lo que podría debilitar un acuerdo para el control del cambio climático posterior a 2012.

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, elegido a comienzos de este año, y su ministra de Ambiente, Rona Ambrose, desestimaron los compromisos del país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero por considerarlos imposibles de lograr. También cancelaron un compromiso de cinco millones de dólares para ayudar a los países menos desarrollados a adaptarse a los impactos del cambio climático y retiraron la participación y el financiamiento de Canadá del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido por el Protocolo.

"Eso es totalmente irresponsable. Es una bofetada en el rostro de los habitantes de pequeños estados insulares y del pueblo inuit, del norte", opinó Enele Sopoaga, delegado permanente de Tuvalu ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su país padece inundaciones debido al aumento del nivel del mar.

"Estoy muy frustrado por los dobles discursos de las naciones industrializadas. Canadá critica a otros países por sus políticas de derechos humanos, pero juega con las vidas de los isleños y de los inuit", dijo Sopoaga a Tierramérica.

En una medida inusual, Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reprendió a Canadá en los medios informativos.

Apelando al sector empresarial canadiense, dijo que el alejamiento de Kyoto perjudicaría económicamente al país, que quedaría fuera del sistema de comercio de emisiones, que puede valer 100.000 millones de dólares para 2016.

Irónicamente, Canadá había sido campeón del Protocolo de Kyoto que establece hasta 2012 reducciones de las emisiones de gases invernadero, causantes del cambio climático. Bajo este acuerdo, 35 naciones industrializadas --entre ellas Canadá-- están obligadas a reducir 5,2 por ciento sus emisiones, en relación a 1990, para 2008-2012.

Pero las emisiones canadienses aumentaron 30 por ciento desde 1990, principalmente debido al auge del sector petrolero y gasífero. En ese mismo periodo, las emisiones de Estados Unidos se incrementaron 16 por ciento.

En la XII Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Nairobi (del 6 al 17 de noviembre), la ministra Ambrose culpó públicamente al anterior gobierno canadiense por su inacción en materia de cambio climático.

Ambrose fue muy criticada por esa declaración. Sopoaga dijo que esa actitud debilita la base para la cooperación internacional, y que no es correcto que "un grupo de cobardes" llegue al poder y diga que no mantendrá "los compromisos internacionales asumidos por un gobierno anterior".

Los ciudadanos canadienses apoyan ampliamente el Protocolo de Kyoto. Según una encuesta realizada entre el 10 y el 16 de noviembre por Ipsos Reid, el cambio climático preocupa a los canadienses más que el empleo, la economía o la atención a la salud.

Este tema "podría hacer caer al gobierno, que no está escuchando al pueblo", dijo a Tierramérica Johanna Whitmore, del no gubernamental Instituto Pembina.

La mayoría de los canadienses no votó a Harper. El sistema multipartidario de Canadá permitió que el Partido Conservador ganara con apenas 36 por ciento del voto popular. Así, necesita la cooperación de por lo menos otro partido para permanecer en el poder.

Canadá se está enriqueciendo gracias al petróleo, el carbón y el gas, responsables de buena parte de los aumentos de las emisiones, y los gobiernos previos y el actual son reticentes a hacer nada que pueda desacelerar el auge energético.

Como una alternativa a Kyoto, el "plan climático hecho en Canadá" anunciado el mes pasado por el gobierno de Harper estableció el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero entre 45 y 65 por ciento, en relación a 2003, para 2050. "Semejante objetivo a largo plazo permite al actual gobierno postergar indefinidamente la acción sobre el cambio climático", consideró Whitmore.

Desafortunadamente, el Protocolo de Kyoto no prevé ninguna sanción financiera para los infractores. Todo lo que ocurre es que los países tienen que compensar su déficit más una sanción adicional de 1,3 por ciento en el próximo compromiso de reducciones para el periodo 2013-2018.

En efecto, el gobierno de Harper redujo el financiamiento de programas ambientales diseñados para reducir las emisiones de gases invernadero de Canadá.

"Por sus acciones, el gobierno de Canadá muestra que no piensa que el cambio climático sea un asunto real", dijo Whitmore.

El pueblo inuit, del extremo norte de Canadá, sabe que es un problema real.

"Aquí vemos señales cada día", afirmó Duane Smith, presidente de la Conferencia Circumpolar Inuit de Inuvik, un pueblito 200 kilómetros al norte del Círculo Ártico.

"El invierno comienza más tarde y termina antes, hay cambios en el mar y el río se congela; tenemos más nieve y eso afecta a toda la fauna y flora", dijo Smith a Tierramérica.

Los científicos también documentaron muchos impactos del cambio climático. Ni Harper ni Ambrose visitaron el extremo norte para verlos por sí mismos, según Smith.

"Creo muy fuertemente que los canadienses quieren una acción más agresiva sobre el tema", agregó.

* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 2 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2006)