AGRICULTURA-ARGENTINA: Los dueños del negocio

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, jun (IPS) - "Yo podría prescindir de tener tierra, (pues) mi negocio no se altera", aseguró tiempo atrás Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores empresarios agropecuarios de Argentina. Su caso revela que el llamado "campo" excede en mucho el perfil de las asociaciones que lideran la radical protesta del sector.

Soy un sin tierra y tampoco trabajo (sino que) contrato servicios de terceros", se jactó el dueño de la empresa familiar Los Grobo, que controla 150.000 hectáreas, 90 por ciento de ellas tomadas en arriendo, cultivadas principalmente con soja y donde también produce ganado vacuno.

"Generamos un millón de toneladas de materias primas", calculó este empresario, que también negocios agroalimenticios Paraguay y Uruguay.

En Argentina hay 25 millones de hectáreas de tierras cultivadas y potencial para incorporar unas 10 millones más, según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se estima que el país produce alimentos para 380 millones de personas, casi 10 veces su población actual.

¿Quiénes son los grandes productores primarios? Hay un puñado de empresas que se destacan, aunque no son necesariamente los dueños de la tierra. Mantienen un perfil más que bajo en el conflicto por el alza de impuestos a la exportación de oleaginosas, una medida que no amenaza su subsistencia.

Como Los Grobo, otra grande sin tierras es El Tejar, una asociación de productores que explotan más de 180.000 hectáreas en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, dedicadas a la ganadería, desde la cría de animales hasta la exportación de carne, y a los granos, principalmente la soja.

Este gran negocio empresarial creció también en base al arriendo de tierra y a la contratación de servicios. Para 2012 se calcula que producirán 3,5 millones de toneladas de granos en un millón de hectáreas de la región, ya se en propiedad o alquilar.

Ni Los Grobo ni El Tejar participan en las asociaciones que lanzaron en marzo la fuerte protesta, con paralización de algunas tareas, bloqueos de rutas y marchas de maquinarias, en rechazo al aumento del impuesto a las exportaciones de dos oleaginosas dispuesto por el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández.

La movilización, que con la ayuda de camioneros afectados por la inactividad causaron desabastecimiento de alimentos y combustibles, está ahora suspendida hasta que el Congreso legislativo trate el proyecto enviado por el gobierno para transformar ese incremento a las denominadas retenciones a las exportaciones en ley.

"No es que no les convenga que se baje el impuesto, pero ellos tienen mucho más autonomía. Se manejan a gran escala y consiguen costos más bajos", explicó a IPS Guillermo Neiman, director de la maestría en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su vinculación a las organizaciones agropecuarias responde a un interés más técnico que gremial. Participan en Aacrea, una entidad que trabaja para la mayor rentabilidad de las empresas del sector, o en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que difunde los beneficios de este sistema y la biotecnología en el cultivo de soja.

Hay otros grandes productores que sí son propietarios como la firma Cresud, que explota más de 165.000 hectáreas, o Adecoagro, del magnate húngaro-estadounidense George Soros, con 220.000 hectáreas principalmente en Argentina, pero también en Brasil y Uruguay.

También la familia Urquía tiene grandes extensiones de campos cultivaos con granos. Pero esa actividad es considerada parte de la agroindustria, puesto que su producción se destina a la fabricación de aceites y harinas para el mercado interno y externo. Tiene además la concesión de una red de transporte ferroviario de cargas y ofrecen servicios portuarios.

Entre las asociaciones empresariales que lideran la resistencia al alza de impuestos a las ventas externas, la más poderosa es la tradicional Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a 10.000 terratenientes dedicados históricamente a la ganadería para la producción de carne, aunque últimamente los cultivos de soja se extienden por muchas de sus propiedades.

En los últimos años la ganadería perdió cinco millones de hectáreas en beneficio de la soja, hoy el principal cultivo de exportación del país.

Otro miembro muy activo en la protesta es la organización de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que representa a 100.000 productores de escala mediana, con propiedades que van de las 200 a las 1.000 hectáreas y "algunos más grandes", según explicó a IPS uno de sus socios. Producen lana, tabaco, cítricos, cereales, ganadería, pero el fuerte hoy también es la soja.

"Nuestros afiliados viven en el campo y son miembros de sociedades rurales de sus pueblos. En cambio los grandes tienen sus propias organizaciones", distinguió el portavoz de CRA refiriéndose a Aacrea y Aapresid.

Le sigue la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), con unas 1.000 cooperativas asociadas, que producen arroz, granos, lácteos, vacunos, té y tabaco, entre otros cultivos. Su producción equivale a seis por ciento del producto interno bruto del país. Entre sus socios está la poderosa cooperativa láctea Sancor.

Finalmente, el gremio empresarial más combativo es la Federación Agraria Argentina (FAA), que reúne a otros 100.000 productores que poseen entre una hectárea "o menos", como indica uno de sus miembros, y 400 hectáreas "o más". Producen frutas, hortalizas, cereales, ganado, pero para todos la estrella actual también es la soja.

"Yo trabajo 300 hectáreas al año, 250 con soja. En el resto tengo algo de trigo y ganadería", explicó a IPS Alejandro Mareque, productor de la FAA con campos en la localidad de Máximo Paz, en la oriental provincia de Santa Fe. "El problema es que para nosotros comprar fertilizantes o semillas es mucho más caro que para los grandes", añadió.

Frente a esas dificultades, algunos prefieren alquilar su campo y viven de rentas. Su prosperidad se advierte en consumos suntuarios como automóviles de alta gama o embarcaciones de lujo cuyas ventas se dispararon en 2007 en ciudades como Rosario, la principal de Santa Fe y una de las tres más grandes de Argentina, donde los precios se traducen en quintales de soja.

En la zona donde produce Mareque, la soja rinde 36 quintales (3,6 toneladas) por hectárea. En 250 hectáreas, son 900 toneladas. En el mercado internacional, el precio por tonelada superó esta semana los 560 dólares. Después de pagar derechos de exportación, Mareque recibirá 300 dólares por tonelada.

Según Neiman, si bien los cuatro gremios tradicionales mantienen sus diferencias, tras la crisis de comienzos de 2002 sus bases comenzaron a parecerse. "La Sociedad Rural se pasó del ganado a la soja y la Federación Agraria representa a productores de soja con explotaciones más grandes, entonces el universo es más homogéneo", explicó.

No obstante, esa comunidad de intereses que en medios periodísticos locales se identifica como la representación del "campo", es sólo una parte del sector agropecuario, y no necesariamente la más poderosa. Los principales jugadores en la producción están por fuera de estas asociaciones.

"Las nuevas formas de producción no se basan en la propiedad de la tierra. Son firmas que arriendan, productores que se asocian, que buscan inversores, y contratan servicios de siembra, cosecha, acopio o venta de semillas", sostuvo Neiman.

El economista Daniel Lema, que estudia el impacto del cambio tecnológico en el campo, coincidió con esta visión. "Los datos de propiedad no dicen mucho hoy de la realidad del campo, pues 60 por ciento de la producción agrícola argentina se realiza bajo alguna forma de contratación", precisó. "Es un entramado muy complejo", añadió en entrevista con IPS.

En los últimos ocho años, comenzó a observarse una muy marcada separación entre propiedad y control de la tierra, remarcó Lema, quien trabaja en el INTA. Un pequeño productor puede tener 200 hectáreas y alquilar otras 200 o más, como sucede con los grandes, ejemplificó.

Otro dato novedoso es la incorporación de capital humano. "Hoy hay pleno empleo de ingenieros agrónomos o veterinarios que no terminan su tesis y ya tienen trabajo en empresas agropecuarias", indicó. El mayor conocimiento, unido a la mayor tecnificación, permite el aumento de escala en la producción.

No obstante, descartó un acelerado proceso de concentración como temen los pequeños productores que reclaman no ser absorbidos por los grandes.

"En la industria, la actividad está muy concentrada. Unas pocas empresas pueden dominar la mitad o 70 por ciento del negocio. En cambio en el sector primario la concentración es baja. Los ocho primeros establecimientos producen cinco o como máximo seis por ciento del total", subrayó.

Para el experto, ésta es una tendencia que difícilmente se altere en el corto o mediano plazo. "Se hace muy complejo manejar grandes extensiones. Resultan más eficientes los establecimientos medianos. No es que no haya grandes empresas, pero las pequeñas y medianas siguen siendo predominantes", concluyó. (FIN/2008)

Rebelión: los hombres del campo en Argentina luchan contra la dictadura de la soja

Nahuel, en la huerta de la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente. Foto: Verónica Iglesia.

La apuesta por la leguminosa profundiza la concentración de tierras iniciada en la dictadura.


por FEDERICO PEÑA - Buenos Aires - 16/06/2008

Una alfombra verde se extiende como una mancha voraz en Argentina desde hace 15 años. En ese tiempo, cada píxel de la foto del campo de este país austral ha ido cambiando los colores del trigo, el maíz y los bosques originarios por un verde dólar.

En la postal, los campesinos brillan por su ausencia. Apenas se distinguen algunas cosechadoras, tractores y fumigadoras. Así es más de la mitad de la superficie cultivable de Argentina, la foto que más le duele a Rosalía Pellegrini: "Eso no es el campo. La soja no se sirve en nuestra mesa. Queremos demostrar que hay una alternativa".

Esta joven dejó la carrera de Ciencias Políticas para fundar la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente, a 70 kilómetros de Buenos Aires. Junto a otras 20 personas optó por el trabajo campesino comunitario con conciencia ecológica. Pero el gran sueño es "sentar las bases para volver al campo" y corregir los desequilibrios generados por la revolución de la soja en el mapa agrario argentino para devolver al otrora granero del mundo su soberanía alimentaria.

Detrás de su incontestable éxito económico y de su no cuantificable aporte como motor de la recuperación de la crisis de 2001, la soja esconde graves efectos secundarios. "Desde 1990, la sojización argentina ha profundizado el proceso de concentración de tierras iniciado en la dictadura. Cerca de 300.000 campesinos han sido expulsados de sus tierras. Hablamos de indígenas y poblaciones originarias que han sido desplazados de sus hogares a las villas miseria de las grandes ciudades", explica Daniel Martín, titular de la cátedra de Sociología Rural del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

Pero esta leguminosa también tiene su cara positiva, según Martín. Permitió la subsistencia de productores agropecuarios acuciados por las deudas y al filo de la expulsión de sus tierras en los duros años que vivió el campo durante el menemismo. "Los que están en las rutas, en su mayoría pequeños productores, pudieron quedarse en sus tierras gracias a la soja. Es decir, que el cultivo que expulsó a miles de productores es el que permitió quedarse a otros. El drama es que éstos están obligados a defender lo mismo que los grandes productores. Atentan contra sí mismos", dice.

Padre de siete hijos, Genaro Obispo Maza nació en la provincia de Santiago del Estero hace 38 años. Con la llegada de la dictadura en 1976, su familia fue desalojada de su tierra y se mudó a la capital provincial. Al igual que un millón de santiagueños -más numerosos que los 800.000 que permanecen en la provincia-, Genaro repitió el éxodo, esta vez a los superpoblados suburbios bonaerenses.

La mayoría de los inmigrantes llegados a este cinturón son como Genaro. Fueron extirpados de su origen rural y llegaron con el sueño de conseguir un trabajo. Pero lejos del éxito, en el asfalto los esperaba el hacinamiento en barrios chabolistas, una tasa de desempleo del 34% y el más absoluto abandono del Estado.

"Yo nací campesino, no como los que salen a las rutas (en las protestas contra el Gobierno de Kirchner), que solo quieren llenar sus bolsillos. No les importa la tierra. Míreles las manos". Por los surcos de las suyas deja caer a la tierra unas semillas de pimiento que crecerán en la huerta de la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente, donde Genaro trabaja ahora.

Vender "a pulmón"

Dentro de estas dos hectáreas de tierra fiscal abandonada, la huerta de la cooperativa crece a base de zapallo (calabaza), lechuga, col, pimiento, tomate y otras verduras y hortalizas. También crían gallinas y venden pollos y huevos. La venta es en bicicleta a los vecinos de la zona y por medio de la Red Tacurú, que comercializa sus productos con etiqueta de comercio justo en la capital. "Todo es a pulmón, todo es de a poco. Pero a nosotros nos alcanza para el autoconsumo. Claro que es una vida muy austera", dice Nahuel, uno de los fundadores.

Pero, se mire por donde se mire, la soja es imbatible, aún con el aumento de los impuestos a las exportaciones aprobado el pasado 11 de marzo. Su precio internacional hace saltar la banca. Al exportarse el 95% de su producción, el Gobierno no regula sus precios internos, como lo hace con el maíz y el trigo. A diferencia de otras semillas, además, crece en suelos pobres y resiste mejor que ninguna las adversidades climáticas y las plagas. Estas condiciones la transformaron en un monopolio. Si en 1990 había un millón de hectáreas de soja en Argentina, para 2001 ya ocupaba 11,5 millones de hectáreas. En su segunda fase, avanzó a golpe de escopetas y abogados sobre las tierras de poblaciones y bosques nativos.

El resultado son 16,9 millones de hectáreas de soja, más de la mitad de la superficie cultivable del país.

La figura de los fondos de siembra, que entró en escena a comienzos del milenio, explica una parte de la ecuación. Si en la década de los noventa el negocio estaba en los bonos estatales, desde el año 2000 el mayor beneficio está en la soja. Provistos de dinero, pero sin tierras, estos colectivos de inversores alquilan campos en distintas zonas del país, lo que les ahorra riesgos climáticos y les permite multiplicar sus ingresos gracias a que existe un gran mercado para este producto. El interés que pagan por sus créditos es menor que el de los pequeños productores porque tienen menos riesgo.

Ante este paradigma, pocos terratenientes se resisten a alquilar sus tierras a precio de oro y riesgo cero. Cambian la producción por una vida de rentas. Así se explica que el 70% de la superficie cultivada con soja en Argentina sea en campos alquilados. Dado que no se cumple la ley de arrendamientos, que obliga a contratos de tres años, lo que obligaría a rotar los cultivos, la ley del mejor postor --el productor de la legumbre- se impone. El monocultivo verde se ha vuelto una constante, incluso a riesgo de desertificar la tierra y quitarle sus nutrientes.

La revolución es de tal magnitud, que los alquileres ya no se miden en toneladas de carne de vaca sino en quintales de soja. La vaca de carne y hueso también ha sido desplazada a zonas agrícolas marginales o a 'feed lots', unos graneros compartimentados en cubos de 3 metros cuadrados donde comen piensos en lugar de pastar libremente por los campos, como dicta la tradición gaucha y exige el diente cárnico de los argentinos.

"El modelo neoliberal de la década de los noventa se ha trasladado al campo", dice Martín. Lejos de percibir una solución al dilema de fondo, producto del pulso entre el Gobierno y los productores en las carreteras por el aumento de los impuestos a la soja, este sociólogo ve con escepticismo el papel estatal. "Está claro que se discute quién se queda con la renta. Pero nadie pone en cuestión el modelo productivo que se da con la soja, laminería y los hidrocarburos, que amenazan con vaciar el país", se queja.

Contra los desalojos

Su fe, en todo caso, está puesta en los diferentes movimientos campesinos indígenas que, según sus datos, aglutinan a unas 500.000 familias en todo el país. Estas organizaciones surgieron a comienzos de la década pasada para denunciar las amenazas -con armas y matones, contaminando sus aguas o matando sus animales- y frenar los desalojos forzosos por parte de los empresarios sojeros. Así surgió en 1990, con una veintena de familias y unas pocas hectáreas de tierra, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). Hoy suman 15.000 familias distribuidas en cuatro puntos de la provincia desde donde se frenó el avance de la invasión sojera.

Cristina es coordinadora de la localidad de Pinto, donde 400 familias comparten 4.000 hectáreas. Allí crían todo tipo de animales y cultivan zapallo, maíz, sandía y sorgo, entre otros. De soja ni hablar. Para frenar el éxodo y convencer a los campesinos de que la unión hace a la fuerza, han tenido que hacer de todo. Si las condiciones de vida en esta provincia son lamentables -faltan caminos, escuelas y hospitales-, en las áreas rurales son peores. Tras más de una década de cooperativismo, enseñando el trabajo de la tierra y creando cadenas productivas, Cristina dice que el trabajo pendiente es mucho, pero que su base es sólida. "Todo lo que se come en nuestra provincia, sale de nuestras tierras", ofrece como dato.

Mientras el pulso entre el Gobierno y "ese campo" sigue por otro carril, Cristina apunta contra los dos bandos: "Cuando el Gobierno quiera discutir el modelo agropecuario neoliberal y no números, allí nos tendrá para trabajar en pos de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo".

"Este es un cultivo a prueba de boludos"

La soja transgénica -o genéticamente modificada-, introducida a principios de la década de los noventa y reconocida oficialmente desde 1996, crece en suelos no aptos para otros cultivos, resiste como ninguna las inclemencias del tiempo, tolera el uso de herbicidas y fertilizantes a gran escala y no requiere de gran cuidado. Por eso le llaman yuyo (la hierba que crece sola en el campo).

A diferencia del maíz y del trigo, que requieren de conocimientos, "la soja es un cultivo a prueba de boludos". Esta expresión, acuñada por los hombres del campo, encierra el éxito de la patria sojera, el cáncer del campo para los ecologistas y las agrupaciones campesinas.

Una de las consecuencias más devastadoras del éxito de la leguminosa ha sido la deforestación para ganar superficie cultivable. En el período 2002-2006 dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosque nativo en el país producto de la expansión de la frontera sojera. Esto significa una pérdida de 277.000 hectáreas por año, 760 por día, 32 por hora, una cada dos minutos.

Desde 1996, en Salta y en Santiago del Estero desaparecieron 414.936 y 515.228 hectáreas de bosques originarios, respectivamente. Las comunidades indígenas desplazadas y la biodiversidad de estas provincias fueron las que pagaron más cara la adaptabilidad de la soja transgénica. Por la ausencia de personas y la omnipresencia del cultivo, los campesinos han bautizado a la soja como "desierto verde".



Agricultura
Los cultivos transgénicos siguen ganando terreno
En 2007, el área creció un 12 por ciento en total y la Argentina continúa ocupando el segundo lugar mundial como productor de OGM

Luego de doce años de comercialización, los cultivos transgénicos continúan ganando terreno con un año más de crecimiento a una tasa de dos dígitos y nuevos países que se suman a la lista, según el presidente de Maizar, Pablo Ogallar. El informe presentado por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (Isaaa), sostiene que en 2007, el área de cultivos transgénicos o genéticamente modificados (GM) creció un 12%, o 12,3 millones de hectáreas, para alcanzar las 114,3 millones de hectáreas; fue el segundo aumento más importante en cinco años.

En 2007, dos millones de productores tomaron la decisión de cultivar transgénicos por primera vez, llevando a 12 millones el número de agricultores de todo el mundo que ya adoptaron y se beneficiaron con esta tecnología. Ogallar destacó que nueve de cada diez de estos productores son agricultores de escasos recursos. Además, el número de países en desarrollo (12) que sembraron transgénicos fue mayor que el de los países industrializados (11), y también fue mayor la tasa de crecimiento (21% comparado con 6%).

La Argentina continúa siendo el segundo productor de organismos genéticamente modificados (OGM) en el mundo, con 19,1 millones de hectáreas en 2007, lo que representa el 17% de la superficie global de transgénicos.

Beneficios

En cuanto a los beneficios, el informe menciona al estudio de los doctores Eduardo Trigo y Eugenio Cap, que concluyó que los cultivos transgénicos en Argentina le significaron al país ingresos por unos US$ 20 mil millones en la década de 1996 a 2005, la creación de un millón de puestos de trabajo y beneficios ambientales importantes, particularmente los relacionados con las prácticas conservacionistas (siembra directa) que a su vez permitieron el doble cultivo. La rápida adopción en la Argentina fue el resultado de varios factores: una industria semillera bien consolidada, un sistema regulatorio que proveyó un marco responsable y efectivo para la aprobación de los productos de la biotecnología, y el alto impacto de la tecnología en sí misma.

El cultivo más beneficiado por la biotecnología ha sido el maíz. La adopción de la tecnología en todos los cultivos ha sido muy veloz por parte del productor argentino. Esto habla de un perfil innovador y con gran conocimiento de las herramientas disponibles para incrementar su producción. En lo que respecta a maíz, las características que se han incluido podrían dividirse en dos grandes grupos, según Ogallar. Primero las resistencias a Lepidópteros, salvando las diferencias entre los distintos eventos se calcula que estas tecnologías han aportado entre 5-10% más de rendimiento por efecto sobre plagas como Diatraea sacharalis, Helicoverpa zea y Spodoptera sp.

En segundo lugar, las tecnologías de tolerancia a glifosato dependiendo de la presencia de malezas que existe en las diferentes regiones aporta entre un 3% a un 14% en los casos de presión de malezas severa. Para Ogallar, esto abre la puerta a una nueva etapa de la biotecnología, el apilamiento de eventos es la posibilidad de integrar varias características en una misma planta permitiendo proteger el rendimiento de los factores ambientales que puedan llegar a afectarlo y a su vez agregarle características que lo potencien. Las empresas proveedoras han manifestado en varias ocasiones que tienen la tecnología necesaria para duplicar el rendimiento del cultivo en los próximos 20 años.

Dentro de los conceptos novedosos que se mencionan figuran resistencia a lepidopteros de suelo (Diabrotica sp), mejoras en el uso del agua , del nitrógeno, rendimiento per se, las segundas generaciones de los eventos actuales y resistencia al frío, entre otros factores.

Posibilidad única

Ogallar opinó que la Argentina tiene una posibilidad única en mantenerse a la vanguardia de esta innovación y seguir aumentando la competitividad del sector agropecuario. Hoy los rendimientos del cultivo en la Argentina, están apenas detrás de los productores de Estados Unidos, en condiciones de secano; la biotecnología junto con otras herramientas que el productor maneja con facilidad como la siembra directa, han tenido una fuerte influencia en la mejora de los rendimientos.

El presidente de Maizar dijo que es necesario que muchos mecanismos se adecuen y se modernicen para permitir que todo esto suceda, porque espera “un futuro complejo pero apasionante” y queda claro que la tecnología va a jugar un rol fundamental para alcanzar el desafío de atender a la demanda futura tanto para alimento.

LANACION.com | Especial Maíz | Nota 15/junio/2008

MARINA SILVA: En legítima defensa

Inicio mi participación en este espacio con un inmenso sentido de responsabilidad. Tengo la oportunidad diferenciada de utilizar uno de los activos culturales más preciados: la exposición de ideas, base para el diálogo. Me gustaría compartirla con los lectores y, juntos, pensar el Brasil y reunir fuerzas para ayudar a transformarlo.

Para empezar la conversación, hago referencia a una barrera para el crecimiento del país: la ambigua actitud del Estado ante nuestro patrimonio natural único.

El Estado brasileño ha establecido medidas de protección del medio ambiente, a menudo en situaciones difíciles. Esta acumulación llegó hoy al umbral estratégico de inserción de la variable ambiental en el corazón del proceso de desarrollo. La sociedad entiende ese momento, apoya, exige. Frente a ello, el Estado no puede encogerse ante el punto al cual él mismo llegó.

Los movimientos retrógrados, con nostalgia del momento de la tierra sin ley, hacen presiones y reciben amagos de posibles flexibilizaciones. Pero la sociedad bloquea y restringe esos acuerdos. La Amazonía es el mayor ejemplo. La opinión pública mantiene el debate, y banca la lucha contra la deforestación, apoya el mantenimiento de la ley para el licenciamiento y para la no relajación de la legislación ambiental.

Lo cierto es que el Estado, en todos sus niveles, no logra utilizar el gran capital político a su disposición para acompañar el pique de la sociedad. Ella creció, pasó a percibir sus problemas de manera más compleja. El Estado creció, pero no maduró.

Hay ahora un importante debate que lo resume todo: hace falta dinero para implementar las medidas y las normas creadas, sin embargo la evaluación ambiental del Presupuesto que se está debatiendo en el Congreso fue entregada a la bancada ruralista, cuya oposición a las medidas para combatir la deforestación es conocida. Tal vez haya habido una negociación para garantizar a los aliados la verificación de las agendas de aceleración del crecimiento. Y el medio ambiente no parece haber tenido la misma prioridad.

Gran parte del Estado todavía ve en la política medioambiental un mal necesario. Se habla de conciliar desarrollo y medio ambiente, como si fueran adversarios a reconciliarse. Brasil no tiene que compatibilizar, tiene que buscar un crecimiento económico cuya concepción ya contenga la conservación ambiental. Que no vea las áreas preservadas como partes "retiradas de la producción” y, sí, como partes imprescindibles para la producción equilibrada y con alguna noción de bien público. ¿Es esto posible? Si no lo fuese, para un país que todavía posee el 60% de su territorio con bosques, entonces es el momento de aumentar, en legítima defensa, nuestro estado de alerta.

contatomarinasilva@uol.com.br

Cronología de los delitos ambientales de La Alumbrera

RENACE

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina

4 de junio 2008

Primer fallo en América Latina que procesa
a una minera por el delito de contaminación

Por Javier Rodríguez Pardo

Mina Alumbrera y sus socios son procesados por el delito de contaminación. Todas las denuncias en un solo expediente. Movilización y asambleístas fueron vitales en Tucumán. El próximo paso es el juicio oral y público.

La importancia de este fallo consiste en que para la Cámara Federal , la ley 24051 y sus decretos reglamentarios, son más importantes que cualquier ley local. Se trata de una ley que fija delitos ambientales y por su artículo 57 se lo procesa a Julian Rooney, vicepresidente de Mina Alumbrera y también a sus socios, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que había descubierto los yacimientos y es parte del conglomerado societario que, por alguna razón, aún no registra beneficios de la explotación minera.

Los delitos de La Alumbrera se suman en un expediente iniciado en el año 1998, caratulado “Juan González s/ denuncia”, y la Cámara Federal que falló a favor del procesamiento permite incorporar todos los casos de dolo ambiental vinculados con la empresa, esto es, ordena investigar todo tipo de contaminación que se le impute a La Alumbrera. En consecuencia cabe inducir a todos los damnificados a denunciar judicialmente los casos de contaminación, y para ello es necesario hacer memoria:

Hemos comprobado que La Alumbrera contamina de múltiples formas, tantas como pasos tiene la cadena productiva del concentrado de cobre que obtiene de la explotación a cielo abierto con reactivos químicos.

El expediente con las denuncias de los habitantes de Andalgalá (causa que lleva el abogado Julián Andrade) es un documento que prueba el éxodo que debieron afrontar habitantes próximos a la explotación minera de La Alumbrera , del que da cuenta el documental “Asecho a la Ilusión”. Pero no es el único.

El mineroducto se rompe a lo largo de sus 316 kilómetros entre Catamarca y Tucumán. La sopa química que viaja con los metales pesados en el concentrado de cobre suele escurrir hacia acuíferos y aguas subterráneas.

El liquido de esos lodos envenenados se extraen del concentrado de cobre (antes de trasladarlo en un tren hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario) y son vertidos en el canal DP2 ubicado en Ranchillos en la provincia de Tucumán, vía de comunicación hacia el dique frontal Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). En ese canal se obtuvieron las muestras recogidas por Gendarmería Nacional a requisitoria de la Fiscalía Federal de Tucumán, con máximos valores de toxicidad, uno de los motivos del procesamiento de Julián Patricio Rooney.

Asimismo el pueblo de Aconquija cortó la ruta para impedir que equipos de La Alumbrera construyeran las piletas -algunas sobre sus propias viviendas- en las que la empresa pensaba recoger el concentrado de cobre que perdía en cada rotura del mineroducto. Al pueblo le preocupaba la sopa química y los metales pesados derramados por el mineroducto y a la empresa recuperar el cobre, oro, plata y demás metales incluidos en el concentrado.

La Alumbrera, presionada por el pueblo y a su vez por el gobierno provincial, recurre al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en busca de respuestas que le resuelvan las constantes roturas de un mineroducto que debe soportar la alta presión que empuja los lodos del concentrado, la fatiga de materiales, problemas de diseño, el clima y un sin fin de imponderables. La empresa, al exigir que se le respete el derecho de confidencialidad para que los resultados de la investigación no tomen estado público, recibe una respuesta negativa del INTI y el convenio entre las partes no se lleva a cabo.

El caso de La Alumbrera fue tratado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados; el ingeniero en minas, Oscar Nievas, explicó que el dique de colas de La Alumbrera se halla sobre una mega falla que ha colapsado lo que obligó a instalar una docena de equipos de retrobombeo para que los drenajes ácidos no escurran aguas abajo. Dijo también que cuando fue responsable de medio ambiente de la provincia de Catamarca debió supervisar la planta de La Alumbrera y pudo apreciar contaminación con estroncio en la cal que provenía de la provincia de San Juan. (En esa ocasión, el autor de esta nota fue testigo del bochornoso espectáculo que dieron los diputados comprometidos con los negocios mineros, que incluso incurrieron en insultos hacia el disertante Nievas invitado a exponer).

Mientras tanto, el tren particular de la minera que lleva los metales hacia el puerto de San Lorenzo, en Rosario, ha descarrilado en varias ocasiones con la consabida movilización de los pobladores preocupados por los daños generados.

Otras poblaciones catamarqueñas, como la de Tinogasta, cortaron la ruta para impedir que los camiones de La Alumbrera que provienen de Chile accedan a la planta con su carga de explosivos, entre otros insumos para la minera. Al mismo tiempo se exige que se investigue el contenido que transportan los que regresan a Antofagasta, sobre el Pacífico chileno, donde la empresa tiene depósitos de concentrado de cobre, al lado de la fundidora Altonorte.

Una declaración que debe ser tenida en cuenta por la justicia es la de Carlos Rudolph, ingeniero en minas y ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Provincia de San Juan. En ocasión de disertar sobre el proyecto Veladero en el Club Mercedario de San Juan, el autor de esta nota le pregunta si fue él quien diseñó Bajo La Alumbrera. Al responder afirmativamente se le dice de inmediato que La Alumbrera contamina de varias formas y al intentar enumerarlas el interrogado corta abruptamente y, con el índice erguido hacia una dirección incierta, exclama: ¡”Yo les dije que eso iba a pasar”! (Los organizadores de la conferencia interrumpen y la dan por finalizada).

La Alumbrera además está imputada por “tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio”. La fiscalía rosarina también llamó a declarar a Carlos Silvani, ex director de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y a Gustavo Paino, ex administrador de la aduana, “porque ha contribuido a exportar metales no declarados. La AFIP no ha controlado las cantidades exportadas y ha cobrado un canon irrisorio por la salida del cobre”.

La Asamblea del Noroeste Argentino que se formó a raíz de las luchas contra el azote de la gran minería química, fue impulsado por Pro-Eco Tucumán, después de varios plenarios ambientales iniciados en Termas de Río Hondo. La ONG integra la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Sus activistas fueron quienes se concentraron frente a los tribunales tucumanos para exigir que se tramite el juicio a la Alumbrera. El juez Mario Ricardo Sanjuán había exigido que se los filmase para identificarlos cuando distribuían volantes en la puerta de la Cámara Federal al mismo tiempo que presentaba contra ellos una denuncia penal por extorsión, que finalmente no prosperó. El juez Sanjuán fue el único que votó en contra del procesamiento del vicepresidente de La Alumbrera , Julián Patricio Rooney.

Después del fallo de la Cámara Federal de Tucumán, el próximo paso del pueblo que lucha por sus derechos es el juicio oral y público en el que tarde o temprano deberán rendir cuentas los responsables mineros de La Alumbrera y por extensión quienes son sus cómplices

Javier Rodríguez Pardo

machsepa21@yahoo.com.ar

(011) 1567485340

MACH-SEPA. Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

Cambio Climático: el desierto devora a España

El calentamiento global provoca carencia de agua y "africanización" de España, y el mayor ejemplo es el proceso de desertificación observado en Murcia. (Fuente: The New York Times)

ALIMENTACIÓN: América Latina ante 13 forajidos

Por Humberto Márquez

CARACAS, 2 jun (IPS) - Los villanos de la película en el encarecimiento de los alimentos son 13 y pasan por razones estructurales y coyunturales, asociadas a la oferta y a la demanda, según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Para enfrentarlos, la cooperación regional es imprescindible.

"Es preciso actuar en diferentes frentes, desde una coordinación política que defienda los intereses regionales", dijo a IPS el secretario permanente del SELA, el mexicano José Rivera, a las puertas de una reunión regional que diagnosticó el problema el fin de semana.

La reunión buscó insumos para apuntalar una posición concertada de América Latina y el Caribe mientras delibera en Roma la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial.

"Las reuniones se multiplican porque hay conciencia de que la crisis alimentaria afecta con más fuerza a quienes tienen una vida más precaria", dijo a IPS el francés Gerard Gómez, jefe de la oficina para la región de la Organización de las Naciones Unidas.

Diez millones de personas en la región podrían sumarse a los 80 millones que ya no pueden procurarse los alimentos mínimos que necesitan, dijo Gómez al evocar un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

¿Por qué suben los precios? Un estudio del SELA identificó 13 razones, estructurales y coyunturales y que están relacionadas tanto a la oferta como a la demanda de alimentos.

La primera es el aumento de la inversión financiera en commodities (materias primas). En los últimos tres años, mientras la inversión en oro y metales se mantuvo estable, en otros commodities se multiplicó por siete.

Analistas del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Suiza, estiman en 30 por ciento la incidencia que en los precios de los alimentos tiene la especulación financiera, a partir de los siete billones de dólares invertidos en "otros commodities" entre 2004 y 2007, frente a menos de un billón en los cuatro años precedentes.

Esta causa se asocia con la segunda, que es la debilidad del dólar y las bajas tasas internacionales de interés, que lleva a los agentes financieros a buscar refugio en la adquisición de materias primas y da impulso a sus precios.

La tercera es el aumento de los precios del petróleo, que no sólo es un insumo para la producción y transporte, sino que genera incremento en el consumo en países que producen hidrocarburos, recordó Rivera.

Cuando el crudo rondaba los 30 dólares por barril, en 2000, una tonelada de leche en polvo se compraba en 1.500 dólares. Ahora que el petróleo pasa de 130 dólares, la tonelada de leche en polvo se cotiza sobre los 4.500 dólares.

Las restricciones a la exportación de alimentos son otra razón. Países de Asia, al igual que Ecuador en América Latina, han restringido las exportaciones de arroz, mientras otros, como Argentina, han impuesto restricciones y cobrar tributos a las ventas externas de carnes y granos.

La quinta razón coyuntural es la reducción de los stocks, en particular de cereales, que desde 1995 merman a razón de 3,4 por ciento anual. Históricamente, las existencias de cereales eran 30 por ciento de la producción global, y ahora están en torno a 20 por ciento.

Entre las causas estructurales está el aumento de la demanda en Asia. Por ejemplo, el consumo de maíz en el sur, este y sudeste de esa región, sumadas, se cifró en 200 millones de toneladas en el período 2003-2004, y en 227 millones de toneladas en 2007-2008.

También crece la demanda de alimentos para uso animal, sobre todo de maíz. Estados Unidos destinó a ese fin 47 por ciento de los 332 millones de toneladas que produjo en 2007.

AGROCOMBUSTIBLES EN EL BANQUILLO

Otro "villano" es el aumento de la demanda para biocombustibles. El dedo del SELA apunta al maíz para etanol en Estados Unidos y la colza para biodiésel en Europa. "De los 48 millones de aumento del total del consumo doméstico de maíz en 2007, casi 30 millones de toneladas se destinaron exclusivamente a la producción de etanol".

"La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) por principio rechaza el uso de los alimentos para la manufactura de combustibles", recordó a IPS su representante en Venezuela, el salvadoreño Francisco Arias.

"Debemos desarrollar investigaciones para producir biocombustibles que no deriven de alimentos", dijo a IPS el delegado de México y embajador en Venezuela, Mario Chacón.

"En nuestro país tenemos una planta llamada higuerilla (Jatropha curcas, también conocida como piñón) que es oleaginosa, y pueden usarse pajas y residuos vegetales en vez de productos alimenticios", abundó.

Otro factor estructural con peso sobre los precios es el cambio climático, que ha llevado fuertes sequías a países que son grandes productores de alimentos, como Australia, Estados Unidos y Ucrania.

En América Latina, las tormentas tropicales Noel y Olga y el huracán Félix afectaron la producción de alimentos en Cuba, Haití, Nicaragua y República Dominicana. Las inundaciones castigaron zonas productoras en Bolivia y Ecuador.

Por otra parte, han incidido los mayores costos en la producción (fertilizantes, semillas, insecticidas y maquinaria), en el transporte y en la logística (almacenamiento y distribución) de los alimentos, asociados a los altos precios del petróleo.

Un factor de escasa incidencia en América Latina, todavía, son las limitaciones de la tierra y el agua existentes para uso agrícola, y que en otras regiones del mundo compiten con demandas para otros usos, principalmente urbanos. También hay limitaciones para el uso de nuevas tecnologías, producto en países como los latinoamericanos de una baja inversión en investigación y desarrollo. Rivera recordó a este respecto que "la mejor manera de reducir los precios de los alimentos será a través de aumentos en la productividad, más que de la superficie sembrada".

Finalmente, las políticas proteccionistas en los países industrializados del Norte "han distorsionado durante más de cinco décadas el mercado mundial agrícola", asentó el SELA.

Por ejemplo, Haití producía hace 30 años casi todo el arroz que consumía, pero debió reducir aranceles para acceder a préstamos multilaterales en los años 80. El resultado fue una masiva importación de arroz desde Estados Unidos, que al ser subsidiado podía bajar su valor, y los productores dejaron de labrar la tierra, perdieron sus trabajos y se marcharon a las ciudades.

Rivera dijo que las políticas de países del Norte, tales como apoyo doméstico, subsidios a las exportaciones y restricciones para el acceso a mercados, "impiden la inversión y expansión de la producción y el comercio en países productores eficientes".

Las delegaciones presentes en la reunión del SELA, que agrupa a 26 países latinoamericanos y caribeños, coincidieron en que la región debe responder a la crisis de precios de los alimentos con un programa regional de seguridad alimentaria.

Los gobiernos interesados podrían reactivar un Comité de Acción sobre seguridad alimentaria, una figura en boga en los primeros tiempos del SELA (años 70 y 80) para examinar tareas prácticas conjuntas o coordinadas.

"Les he dicho que Colombia, con apenas cuatro millones de hectáreas destinadas a producir alimentos, y Venezuela, que apenas tiene dos millones, podrían acordar un plan para activar otros tres millones de hectáreas en las cuencas de los ríos (compartidos) Orinoco y Meta", confió a IPS el embajador de Bogotá en Caracas, Fernando Marín.

La reunión señaló que se precisa un fondo económico especial para asistir a países de la región en contingencias alimentarias, tomando como base la disposición de la Alternativa Bolivariana de las Américas conformada por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, para dotarse de un fondo con 100 millones de dólares destinados a ese fin.

Finalmente, los representantes de la región pidieron al SELA que, después de la actual Conferencia de Roma, convoque a una reunión para analizar sus resultados y avanzar en la estrategia latinoamericana y caribeña sobre seguridad alimentaria. (FIN/2008)

Un planeta de famélicos y obesos

La crisis alimentaria

La cumbre de la FAO intenta mitigar los desequilibrios en la nutrición

MIGUEL MORA - Roma - 03/06/2008

Un total de 50 jefes de Estado y de Gobierno, 150 ministros de Agricultura y una veintena de responsables de instituciones supranacionales se reúnen desde hoy hasta el jueves en la sede romana de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para tratar de atajar la crisis alimentaria global que amenaza a millones de personas.

El borrador de conclusiones de la cumbre, al que los países están dando los últimos retoques por grupos regionales, dibuja un futuro "de inmenso sufrimiento humano, así como de descontento social e inestabilidad política, que amenazan con poner en peligro el desarrollo económico y social".

Un dato facilitado por la FAO resume gráficamente la situación: en el lado equivocado hay 820 millones de ciudadanos pasando hambre; entre ellos, 178 millones de niños desnutridos. En el lado afortunado, 1.000 millones de seres humanos sufren sobrepeso; de ellos, 300 millones son ya obesos.

En el informe que presentará hoy a la cumbre, la FAO admite que los datos del hambre no han variado desde 1990, lo que equivale a asumir que las políticas desarrolladas hasta ahora han sido un fracaso. El estudio achaca la crisis al cambio climático, la escasez de cereales (la producción está en el mínimo histórico desde 1983), el aumento de la demanda en China e India, el precio del petróleo, la elaboración de biocombustibles, la especulación que domina los mercados de futuros de semillas y materias primas, y una política agrícola y comercial proteccionista e insolidaria.

Muchos problemas distintos, que si no se atajan deprisa pueden empeorar el panorama. Según la ONG Oxfam, si los países continúan invirtiendo en biocarburantes y no en pan, en 2025 habrá 600 millones más de hambrientos en el mundo.

Un fenómeno reciente empieza a preocupar a los expertos: junto a la desnutrición que campa en una parte del mundo, la mala alimentación empieza a causar estragos en la otra mitad. En México, el número de personas obesas y con sobrepeso se ha duplicado entre la franja más pobre de la población entre 1988 y 1998, y llega hoy a la cuota del 60%.

La culpa, subrayan diversas ONG que asisten a la cumbre, no es tanto de los países sino de un modelo liberal en el que mandan las multinacionales y los intermediarios. Según Antonio Onorati, de Crocevia, "los precios agrícolas los decide la gran distribución, cadenas como Auchan o Wal-Mart que tratan directamente con los productores y ganan el pedazo más grande del precio final".

Marco de Ponte, secretario general italiano de Ayuda en Acción, ha hecho pública la lista de las cinco empresas que controlan más del 80% del mercado de cereales, con los beneficios de 2007: Cargill (36%), Archer Daniels Midland (67%), ConAgra (30%), Bunge (49%), Dreyfuss (19% en 2006).

Otro sector en expansión es el de los productores de semillas, herbicidas y pesticidas: Monsanto, Bayer, Dupont, Basf, Dow, Potashcorp... "La globalización ha alterado la relación comercial de la agricultura", explica Alberto López, representante español ante la FAO. "El capital que antes especulaba en inmobiliarias está hoy en la compra de futuros de materias primas. La demanda ha crecido muy deprisa, y es necesario contener el impacto facilitando la distribución, la eficacia productiva y el consumo responsable".

La FAO propone soluciones a corto, medio y largo plazo: más dinero, más ayuda a los países pobres, un comercio más justo, mejor coordinación entre las instituciones y las ONG, potenciar la producción a pequeña escala, orientada al consumo local y regional.

Entretanto, los precios cada vez más altos de los alimentos están agravando el problema por la parte más débil de la cadena, la infancia. Médicos sin Fronteras exige en Roma ayuda inmediata para los 20 millones de niños que sufren malnutrición aguda. "Estas semanas hemos visto un aumento brutal de casos en Etiopía, donde hay ya 120.000 niños en situación de emergencia médica", recuerda Javier Sancho.